Manuel Gavira | Portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía
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Impuesto por el tratamiento de residuos en San Fernando
San Fernando/¿Quién tiene la culpa de la tasa? Aunque a la mayoría de los isleños les da exactamente igual que fuera idea de un partido u otro aplicar este nuevo impuesto cuando de todas formas tienen que pasar por caja y rascarse el bolsillo sin más opciones, PP y PSOE se han embarcado desde el primer momento en un cruce mutuo de acusaciones y reproches acerca de la paternidad de la nueva tasa, que ahora ha vuelto a quedar en el aire.
Si el candidato del PP isleño, José Loaiza, la bautizó el pasado fin de semana como la "tasa Cavada" tras ponerle el PSOE los argumentos en bandeja en plena campaña, tanto el gobierno municipal como el resto de la oposición –Cs,Podemos y la concejala no adscrita– han afeado al líder de los populares su “incongruencia” e "hipocresia" al recordarle que él mismo dio los primeros pasos para aplicar este impuesto. Hasta el mismo presidente del Consorcio Bahía de Cádiz, el socialista Javier Pizarro, se lo ha recordado esta semana. La tasa –han dicho unos y otros– se aprobó en 2014 cuando Loaiza era alcalde y presidente de la Diputación.
Ayer, Loaiza negó la mayor e intentó desmarcarse de estas acusaciones."Mienten", afirmó."Nunca aprobé esa tasa", sostuvo tajantemente el presidente del PP isleño, que aireó una convocatoria del Consorcio fechada el 18 de julio de 2017 que tenía por objeto constituir una mesa de trabajo para estudiar la aplicación de la nueva tasa por el tratamiento de residuos.
Fue en septiembre de ese mismo 2017 cuando se aprobaron los estatutos del consorcio, que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica en abril de este año, así que –insiste– poco tiene que ver su gestión durante el mandato anterior, que se ciñó –explica– a apoyar la reactivación de Consorcio y a impulsar estudios acerca de su financiación. “Pero nada más. La tasa se aprueba con posterioridad y lo hace Patricia Cavada", asegura.
Pero si Loaiza sacó a relucir documentos para intentar poner en evidencia a Cavada, la otra parte no se quedó atrás y mostró también en el día de ayer varios informes del mandato anterior –cuando gobernaban los populares– en los que explícitamente tanto el anterior concejal de Hacienda, Manuel Raposo, como el propio Loaiza, aluden a la aplicación de esta tasa directa para sufragar el coste del tratamiento de residuos tras la reactivación del Consorcio.
El anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de diciembre de 2014 refiere el acuerdo adoptado por la junta general del Consorcio Bahía de Cádiz en el mes de julio anterior para aprobar "la implantación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos municipales aplicable en los municipios de Chiclana de la Frontera, Puerto Real y San Fernando, para su entrada en vigor en 2015". De hecho, es en dicho anuncio donde se concreta la tarifa de 38 euros anuales a pagar por vivienda.
Pero en mayo de 2014 se habla ya de la necesidad de implantar "un nuevo modelo de financiación" en el Consorcio Bahía de Cádiz y el concejal de Hacienda, el edil del PP Manuel Raposo, señala directamente en un informe al establecimiento de "una tasa consorcial que debe financiar el servicio de transferencia, transporte, tratamiento y depósito de residuos". "Ésta es la opción elegida por este Ayuntamiento y garantiza la sostenibilidad financiera del servicio", llega a decir.
Más tarde, poco antes de las elecciones municipales, se reconocería las complicaciones de articular el cobro de la tasa al carecer el Consorcio de una estructura administrativa capaz de ello. Así que el Ayuntamiento comunicaría su decisión de "retrasar la implantación de la tasa hasta el ejercicicio 2016 a fin de preparar los trabajos preparatorios para la emisión de los listados cobratorios, cuando el servicio provincial de recaudación pueda prestar su colaboración efectiva". De ahí que en 2015 se optara por el sistema de cuota consorcial en lugar de la tasa. Este escrito lo firma el propio alcalde, José Loaiza.
La Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León se ha reunido con el Consorcio Bahía de Cádiz para mostrar su "más profundo rechazo" a la nueva tasa para el tratamiento de residuos cuyos avisos de cobro estaban llegando de manera telemática a los ciudadanos de San Fernando desde el Servicio Provincial de Recaudación. Ante la intranquilidad que había despertado en los isleños, la entidad solicitó este encuentro en el que también estuvo presente el gobierno municipal. Concretamente, estuvieron el presidente del Consorcio para el tratamiento de los residuos, Javier Pizarro, y el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez. Los dirigentes vecinales advirtieron de su rechazo a este nuevo impuesto, pero también pusieron sobre la mesa sus quejas por el procedimiento que se ha seguido "al poner en funcionamiento este requerimiento de pago, sin haber informado a la ciudadanía como corresponde sobre el origen de la tasa y su destino". "Los representantes políticos nos informan de una serie de conceptos que se nos escapan, por su contenido jurídico y por ello un poco complicado poder plasmarlo en un documento para exponerlo a los vecinos", detalla en el comunicado Isla de León. Por ello para que los vecinos tuvieran una visión amplia de esta situación, el compromiso en la cita fue la presencia del Consorcio en el próximo consejo vecinal, junto al Ayuntamiento isleño, para que informaran detenidamente sobre la tasa sobre ello y los vecinos pudieran formular todas las dudas que tuvieran sobre la tasa. El anuncio de ayer de la alcaldesa de la petición de que se paralice este gravamen deja en el aire, sin embargo, la convocatoria con la asistencia del Consorcio de este consejo vecinal para hablar de la tasa de residuos.
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