"En Madrid no terminan de entender las particularidades de la provincia de Cádiz"

Ángel Núñez lleva dos años ocupando el cargo de fiscal jefe de la provincia de Cádiz, un territorio situado en el vértice más meridional del continente y donde delitos como el tráfico de drogas o las estafas informáticas están a la orden del día. Esta semana concedió una entrevista a este diario en la que repasó la actualidad judicial.

Pregunta.–Ha entregado recientemente la Memoria Anual de la Fiscalía. ¿Algún dato que se pueda adelantar y que le haya llamado la atención especialmente?

Respuesta.–Hay un incremento de la delincuencia en ámbitos como el de la violencia sexual, la de género y la informática; por supuesto también aparece el tráfico de drogas, que vienen siendo los grandes problemas de esta Fiscalía.

P.–¿Le preocupa la violencia sexual cometida por gente muy joven?

R.–Sí, porque efectivamente en el ámbito de la delincuencia sexual detectamos incrementos en el que los autores son muy jóvenes. Eso lo que revela es un déficit educacional, que, evidentemente, no se soluciona con represión, que es al fin y al cabo lo que administramos nosotros.

P.–¿Alguna solución?

R.–Es importante que, al igual que se están haciendo campañas en materia de violencia de género, se hagan también en materia de violencia sexual con los más jóvenes, porque verdaderamente sí es preocupante ese incremento, tanto de personas jóvenes mayores de edad como de menores.

P.–¿Tanta importancia tiene, como se repite desde algunos sectores, el acceso al porno a muy temprana edad para estos comportamientos?

R.–Eso, efectivamente, provoca en personas que están en un proceso de formación, y que no tienen la suficiente madurez para valorar que se trata de pura ficción, una conformación de la idea de la sexualidad muy distorsionada y puede tener su importancia a la hora de valorar la comisión de hechos delictivos posteriormente. Algunos estudios así lo avalan, aunque es necesario más investigación.

P.–El gran problema de la provincia de Cádiz, hablando en el plano delictivo, ¿cuál sería?

R.–Tiene un carácter complejo por la propia naturaleza de la provincia. Evidentemente lo más llamativo es lo vinculado con el tráfico de drogas, porque tiene un potencial de corrupción enorme que se traslada a otros ámbitos y que provoca después otro tipo de delincuencia, como la vinculada con la corrupción. Pero el principal problema es el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales vinculado a este.

P.–¿Hay armas suficientes para combatirlo?

R.–Pienso que son insuficientes, y lo venimos denunciando año tras año. Además son necesarias armas de muy distinta naturaleza. Cuando se habla de medios, siempre se piensa en medios personales y materiales, que naturalmente son muy importantes, pero los medios procesales no lo son menos. Tenemos un sistema procesal, no me canso de decirlo, del siglo XIX. Son carreteras muy antiguas y por ahí no se puede circular a una velocidad que permita obtener resultados en un tiempo razonable. De eso se aprovechan los delincuentes, que están bien asesorados jurídicamente. Hay muchas veces que la legislación no va a la misma velocidad. Todo eso al final acaba residenciándose en una figura ya totalmente fuera de lugar, que es la del juez de instrucción, que ha desaparecido prácticamente en todo el mundo. Existen juzgados que están desbordados porque tienen que compatibilizar el robo de la gallina con el macroproceso de tráfico de drogas, o con asuntos civiles que son muy importantes para la gente, lógicamente:divorcios, separaciones, cuestiones de arrendamiento, de propiedad horizontal... Y eso provoca el empantanamiento de los procedimientos. Cuando se llega a juicio ha transcurrido demasiado tiempo. Hay que aplicar dilaciones indebidas con la reducción consiguiente de pena. Y, efectivamente, no se logra el fin que perseguimos.

P.–¿Qué se necesita para solucionar este problema?

R.–Una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Urgentísimamente. Pero esto es como el día de la marmota, se anuncia una y otra vez. Yo mismo tuve el honor de formar parte de la comisión que redactó una en 2011, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Pero seguimos en las mismas. Y evidentemente son necesarios medios personales y materiales. No estamos siendo eficaces, por ejemplo, ahora con todo el tema del petaqueo, de las narcolanchas, del suministro de combustible para las operaciones de tráfico de drogas. El problema es que llevamos varios años desde la Fiscalía Provincial de Cádiz, pero también la Fiscalía Antidroga, reclamando la implementación de una reforma legislativa para tipificar expresamente esas conductas. Porque cuando se incauta el combustible no es fácil vincularlo con operaciones concretas de tráfico de drogas. Estamos explorando la vía del artículo 568, que se refiere al depósito o tenencia de materiales inflamables y de combustible, que creemos que es de aplicación, pero es un camino que comienza ahora y que veremos cómo lo acogen los tribunales. Lo ideal sería una reforma legislativa. Y se ha trasladado a las instancias competentes, pero seguimos sin que se ponga en marcha.

P.–Con el tema del narcotráfico, además, hemos vivido situaciones en el último año muy tristes. ¿La tragedia de Barbate ha sido uno de los momentos más duros de su carrera?

R.–Sin lugar a dudas. A la vista está la trascendencia que tuvieron las declaraciones que hizo la Fiscal Antidroga en ese momento y que yo, evidentemente, hago mías. Fue un momento enormemente difícil porque, a pesar de la inmensa conmoción, era algo que se veía venir. Y los hechos que se han producido con posterioridad así lo ponen de manifiesto. Y seguimos un poco en las mismas. Estamos viendo estos días, por el temporal, muchísimas gomas por el río, por los puertos, por todos sitios. Las vemos en los puertos deportivos de Barbate o de Conil, en el Guadalete, en los canales alrededor de Sancti Petri, las vemos en el Guadalquivir, han llegado hasta la ciudad de Sevilla y la Guardia Civil cuenta con los medios que cuenta, que son muy exiguos en este momento.

P.–A toro pasado, ¿cree que igual declarar a las narcolanchas género prohibido ha empeorado el problema?

R.–No, yo creo que no. La conceptuación de las narcolanchas como género prohibido y, por tanto, constitutivo de un delito de contrabando, era una reivindicación que también partió de nosotros y que es acertada. Lo que sucede es que hay que poner medios para que no se opere con esa impunidad.

P.–¿Solucionan algo los refuerzos en algunos juzgados?

R.–En primer lugar, los refuerzos judiciales son muy temporales, con lo cual no se soluciona el problema de causas enormemente complejas que llevan empantanadas años. En segundo lugar, normalmente se cubren con jueces sustitutos que hacen un trabajo encomiable, pero a los que les resulta muy difícil enfrentarse a procedimientos de esta enorme complejidad. Y, en tercer lugar, el propio sistema procesal, lo digo una vez más, no favorece que se puedan activar con celeridad los procedimientos.

P.–Otro de los problemas que sufre Cádiz es el de las viviendas ilegales. ¿Se puede llegar a un acuerdo entre todas las partes para legalizarlas?

R.–Ha habido procesos de legalización en ese ámbito que han demostrado que no ponen punto y final a las conductas ilícitas. Hubo un descenso de estas conductas como consecuencia, por un lado, de la crisis económica y, por otro, de la pandemia, pero asistimos a una reactivación importante vinculada con procesos primeros de parcelaciones ilegales y después directamente con la construcción. Nosotros estamos encontrando muy buena colaboración por parte del Servicio de Inspección de la Junta de Andalucía, pero no toda la que sería de desear por parte de los ayuntamientos. Es una de las grandes problemáticas a las que nos estamos enfrentando: la falta de colaboración de los ayuntamientos. De hecho, tenemos diligencias de investigación en marcha por supuestos delitos de desobediencia, de obstrucción a la justicia, o de omisión del deber de perseguir delitos por parte de algunos ayuntamientos.

P.–¿Algunos en concreto?

R.–No, no voy a dar nombres porque son procedimientos que están en marcha.

P.–La violencia de género sigue imparable pese a las campañas de concienciación o programas como VioGén.

R.–Cada vez existe más conciencia social de la gravedad de esos hechos, pero no logramos revertir de forma notoria la curva de delincuencia en este ámbito, es cierto.

P.–¿Hay alguna comarca de la provincia que sea más proclive a este tipo de delitos?

R.–No, es una cosa similar. Lo que sucede es que es más fácil la respuesta penal en aquellos ámbitos en los que existen jueces o juezas especializados en esta materia. La comarcalización del juzgado de violencia sobre la mujer de Cádiz, que era una vieja reivindicación, creo que está funcionando bien. Hay que apostar por la especialización tanto de los juzgados como de los representantes del Ministerio Fiscal.

P.–A nivel personal, ¿cómo valora esta nueva etapa al frente de la Fiscalía?

R.–Mantengo el mismo entusiasmo con que comencé en 2022. Cuento con una excelente plantilla, muy comprometida con el servicio a los ciudadanos, y no voy a dejar de poner de manifiesto aquello que creo que debe ser objeto de crítica y reivindicar lo que hago siempre, que esta provincia tan enormemente compleja se comprenda en su complejidad fuera de Cádiz. Me refiero fundamentalmente tanto a nivel autonómico como en Madrid en cuanto a los medios.

P.–¿Y tienen claro el Ministerio de Justicia y el del Interior esos condicionantes de los que habla?

R.–No, yo siempre digo que en Madrid no se acaba de entender esta provincia. La Fiscalía de Cádiz tiene en total, contando con sus tres Fiscalías de Área: Jerez, Algeciras y Ceuta, 101 fiscales. Estamos hablando de una Fiscalía de un nivel grande en el ámbito nacional. Sin embargo, cuando hago este comentario, mucha gente que identifica Cádiz como una ciudad de ciento y pico mil habitantes se queda un poco perpleja. Eso es lo que tenemos que ayudar a comprender, porque, aún con 101 fiscales, la plantilla sigue siendo exigua.

P.–¿Es capaz el Gobierno de España de trasladar esa peculiaridad de Cádiz a Europa?

R.–Esa es una tarea fundamental, la de trasladar ese mensaje. Porque, por ejemplo, el carácter fronterizo de Cádiz, que es otro de los rasgos que nos caracterizan, da lugar, y así se reflejará en la memoria que publicaremos en su momento, a un incremento enorme de las demandas de cooperación penal internacional que nos llegan desde toda Europa. Tanto órdenes de detención como órdenes de investigación. Eso, evidentemente, supone un gasto de energía enorme para la Fiscalía y para los órganos judiciales de la provincia. Por tanto, es muy importante trasladar esa idea. Y que apoyen económicamente es fundamental.

P.–Parece que la lucha contra la inmigración y contra el narcotráfico depende solo de España, cuando esa droga o esos inmigrantes que entran por las costas de Cádiz al final se reparten por toda Europa.

R.–Sin duda. Por eso creo que iniciativas como esa cumbre de ministros que se celebró recientemente en Cádiz, aunque pueda parecer que tiene un mero aspecto simbólico, realmente juega un papel muy importante, porque permite una verdadera toma de conciencia de las características del problema.

P.–No hubiera estado de más que hubieran dado voz al fiscal jefe provincial en dicha cumbre.

R.–Bueno, aquello tiene sus limitaciones. De cualquier modo, estuvo la Fiscal Antidroga de Cádiz, que es además la Fiscal Antidroga de Andalucía, y trasladó toda esa problemática. Estuvimos bien representados.

P.–¿Cuántas horas al día trabaja un fiscal jefe?

R.–Depende. Siempre digo que el hecho de no tener un horario tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Porque al final, cuando no te das cuenta, llevas más horas de las que probablemente deberías…

P.–¿Siempre quiso ser fiscal?

R.–No. Mi vocación era la filosofía, pero por un problema administrativo de la época, que requería hacer un traslado de expediente, no pudo ser. Mi idea era estudiar Filosofía Pura en Barcelona. Al final se denegó ese traslado de expediente y no sabía qué hacer. Mi padre me sugirió que estudiara Derecho y, a partir de ahí, se fueron liando las cosas y acabé de fiscal. De lo que, por otra parte, estoy encantado.

P.–¿Han llegado a descubrir por qué hay tantos delitos informáticos en Cádiz en general y en San Fernando en particular?

R.–Venimos viendo desde hace unos años un incremento sostenido de los delitos informáticos por diversas razones. Yo lo llamo, solo en este aspecto, el Silicon Valley del mal en San Fernando, porque allí hay una serie de organizaciones de personas muy jóvenes que cometen este tipo de delitos. Las razones últimas no hemos sido capaces de esclarecerlas, pero lo cierto es que estaban y están radicadas allí. Tienen estructuras organizadas, con reparto de roles: desde quienes las dirigen hasta quienes actúan como meras “mulas” para extraer el dinero o prestar sus cuentas corrientes. Son fenómenos muy complejos de investigar porque provocan efectos en lugares muy distintos. Ellos pueden estar en San Fernando, pero causan perjuicios en Barcelona, La Coruña, San Sebastián, Murcia… Las investigaciones tecnológicas no son fáciles. A veces hay que librar comisiones rogatorias. Y, en último lugar, generan mucha ganancia económica, lo que hace que personas jóvenes, con poca formación y sin demasiadas barreras frente a ese atractivo, se vean arrastradas a este tipo de delitos y acaben en la cárcel. Porque, tarde o temprano, acaban allí.

P.–Hablando de cárceles, este es otro problema grave, porque las prisiones están masificadas.

R.–No solo hacen falta nuevas leyes de enjuiciamiento judicial, sino que el sistema penitenciario también debe funcionar correctamente. La rehabilitación y la reinserción social, tal como establece la Constitución, son el fin último de las penas privativas de libertad. Este es otro de los puntos en los que la provincia tiene grandes dificultades. El único derecho del que se les priva es el de la libertad, no de los demás derechos que la Constitución les reconoce. Es importante recordar esto porque parece que, al entrar en prisión, pierden su condición de ciudadanos con derechos.

P.–¿Cree que llegará a ver la Ciudad de la Justicia de Cádiz antes de jubilarse?

R.–Cada vez que me preguntan eso digo que soy escéptico. Soy muy escéptico en general, y especialmente en lo que respecta a la Ciudad de la Justicia. He visto tantos proyectos, tantos anuncios, tantos titulares, que ya me he quedado esperando a meter el dedo en la llaga, como Santo Tomás.

P.–¿Cómo puede cambiar el ámbito judicial la irrupción de la Inteligencia Artificial en el futuro?

R.–De que puede ayudar, no hay ninguna duda. Es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Sin duda será un campo en el que habrá que profundizar.