El magistrado gaditano Juan Carlos Campo: “Hemos volcado los problemas políticos en litigios"

Cádiz/El juez gaditano Juan Carlos Campo ha impartido un seminario para profesores de Derecho de la Universidad Villanueva. En la primera parte de su intervención analizó los problemas de la administración de justicia en España y sus posibles líneas de reforma, y en la segunda parte planteó la hipótesis de que las democracias occidentales, incluida la española, puedan estar derivando en un estado judicial que traslada a la judicatura cuestiones que tendría que resolver el Parlamento. Campo aseguró que vivimos una devaluación de la política y una “inflación” de la justicia. “Lo queramos o no, como señalan muchos autores, transitamos hacia un estado judicial”, añadió, refiriéndose a todos los casos de resolución de debates políticos por la justicia y la ampliación de los ámbitos sometidos al sector jurisdiccional. Una situación, apuntó, consecuencia de la evolución del bipartidismo, al ser más complejo llegar un acuerdo entre partidos.

Campo es desde 2023 magistrado del Tribunal Constitucional. Juez de carrera, fue designado para ese puesto cuando ocupaba plaza de Magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Anteriormente fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y ha sido también Secretario de Estado y Ministro de Justicia del Gobierno de España.

En la primera parte de su intervención, celebrada el 11 de diciembre, analizó los problemas de la administración de justicia en España y sus posibles líneas de reforma. Campo aseguró que no hace falta una nueva justicia, sino un nuevo modelo; cuestionó la idea de reforma y apuntó al concepto de evolución. “No hemos tenido nunca un modelo de justicia”, aseguró, recalcando que para esa evolución es necesario un consenso: “El consenso nunca es un fin en sí mismo, sino una manera maravillosa de trabajar”.

Se refirió en este sentido al plan Justicia 2030, que impulsó como ministro de Justicia y que sigue en curso en la actualidad. “Necesitamos reformas procedimentales, organizativas y tecnológicas, solo con ellas superaremos el mantra de que la Justica se colmaría con puras políticas incrementalistas, más dinero, más jueces, más de todo. Las políticas incrementalistas no bastan, es preciso una nueva manera de conjugar el factor humano, el factor organizativo y la tecnología”.

“La justicia no funciona todo lo bien que nos gustaría”, dijo. “Es un sistema que difícilmente cumple los estándares del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sobre los tiempos”, continuó, haciendo alusión a la idea del plazo razonable. En España, un pleito civil tarda una media de más de 40 meses y en el caso de lo contencioso, supera los 50. “No son plazos razonables”, concluyó en este sentido.

Abogó por no perder el factor humano, porque de esa manera se pierde al ciudadano: “La justicia necesita legitimidad social y efectividad, es decir, confianza de la ciudadanía de que resolverá sus problemas siendo, además, esas respuestas certeras”.

“El poder judicial nunca ha tenido tanto protagonismo”

En la segunda parte de su intervención trató la cuestión de la justicia desde un enfoque más provocador, planteando como objeto de discusión la hipótesis de que las democracias occidentales, incluida la española, puedan estar derivando en un estado judicial que traslada a la judicatura cuestiones que tendría que resolver el Parlamento.

Campo aseguró que vivimos una devaluación de la política y una “inflación” de la justicia. “Lo queramos o no, como señalan muchos autores, transitamos hacia un estado judicial”, añadió, refiriéndose a todos los casos de resolución de debates políticos por la justicia y la ampliación de los ámbitos sometidos al sector jurisdiccional. Una situación, apuntó, consecuencia de la evolución del bipartidismo, al ser más complejo llegar un acuerdo entre partidos.

Juan Carlos Campo analizó lo que la doctrina dominante entiende como causas de este fenómeno, que sintetizó en cuatro puntos: el tránsito de una democracia parlamentaria a una democracia constitucional, la ampliación sistemática de esferas de control por el poder judicial, la enorme producción legislativa y el papel de los jueces resolviendo asuntos donde las leyes no han llegado o clarificado con la suficiente precisión. Después analizó las graves consecuencias y temores que esa situación implica.

“El poder judicial nunca ha tenido tanto protagonismo”, dijo Campo, que indicó que incluso jueces anónimos “se ven obligados a crear el derecho”. “Hemos volcado los problemas políticos en litigios, y eso es un mecanismo de deslegitimación del estado y de deslegitimación social, que tiene como consecuencia la falta de confianza en la política como mecanismo de solución de conflictos de los ciudadanos”.

Desde su punto de vista, las soluciones son complejas, como lo son las sociedades en las que vive occidente: “Intentar revertir esta tendencia no es nada fácil, pero quizás un camino para ello sea un mayor fortalecimiento de la institucionalidad, permitiendo a cada Institución cumplir el cometido que constitucionalmente tiene asignada”, concluyó.