Marea Verde denuncia el recorte de una unidad en un IES público de Conil

La Marea Verde, ha denunciado públicamente que al menos siete alumnos y alumnas que habían solicitado plaza en primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Los Molinos de Conil, durante el procedimiento extraordinario de admisión celebrado en julio, han recibido una notificación de la Delegación Territorial de Educación en la que se les informa que son escolarizados en el colegio privado concertado Jesús, María y José, de carácter religioso.

La justificación dada a las familias es que el IES Los Molinos ha completado sus cuatro unidades de Primero de ESO en el procedimiento de escolarización ordinario, teniendo ya 30 alumnos en cada una de las aulas. Sin embargo, este instituto contaba hasta este curso con cinco unidades de Primero de ESO, por lo que el objetivo de la Delegación Territorial, según Marea Verde, es recortar una unidad del instituto público y salir en auxilio de un colegio privado que tiene escasa demanda.

Para la Marea Verde, el número de solicitudes recibidas en el procedimiento extraordinario justifica sobradamente el mantenimiento de las cinco unidades de Primero de ESO del IES Los Molinos, y con ello reducir la ratio y mejorar la calidad educativa. Pero, además, la normativa educativa andaluza contempla la posibilidad de aumentar en un 10% el número de alumnado máximo por unidad, es decir, de 30 a 33, para atender alumnado de incorporación tardía.

Según exponen desde dicho colectivo, este es el caso de varias familias, que por motivos laborales cambian ahora su residencia a Conil y no pudieron participar en el procedimiento de escolarización ordinario. No existe por tanto justificación para derivar a un centro educativo privado alumnado que la escuela pública puede y debe atender, salvo que el verdadero interés de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional sea ayudar a sostener el negocio de las empresas privadas del sector educativo.

Pero lo más grave para las familias, según Marea verde, es que se escolarice a sus hijos e hijas en un centro religioso, en contra de su voluntad y de su elección. En su opinión, la delegada territorial pretende “condenar al alumnado a un adoctrinamiento religioso contrario a las convicciones de sus familias”. Para Marea Verde esta situación es “muy grave pues se están vulnerando el derecho constitucional a la libertad religiosa, consagrado en el artículo 16.1 de la Constitución Española”, así como “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, y que los poderes públicos tienen el deber de garantizar tal y como establece el artículo 27.3 de la Constitución Española, según matiza, Marea Verde, que solicita a la delegada territorial que rectifique este “atropello y garantice las plazas en centros públicos a todo el alumnado que lo haya solicitado”.