"Los procuradores están infrautilizados, se puede obtener más de la profesión"

Cádiz/Desde 1992 a junio de 2016. 24 años es el tiempo que José Eduardo Sánchez Romero ha estado al frente del Colegio de Procuradores de Cádiz. Antes había sido secretario y vicedecano de esta entidad. También ostentó durante una década la presidencia del Colegio de Procuradores de Andalucía. Ahora, después de casi un cuarto de siglo vinculado a la institución colegial, Sánchez ha decidido pasar el testigo. "Ha llegado el momento de ofrecer el relevo a las nuevas generaciones. Yo ya he cumplido seis mandatos consecutivos como presidente de los procuradores gaditanos", un cargo honorífico por el que no se percibe ninguna remuneración y que, sin embargo, "supone un gran esfuerzo y una gran responsabilidad".

En todo estos años de trayectoria, Sánchez Romero suma varios logros profesionales. El más importante, "brindarle al colegio la relevancia y la entidad que se merece y que antes no tenía, pues la labor de los procuradores se diluía con la de los abogados". También está en el haber del ex presidente la primera sede física "en propiedad" del colegio, adquirida en 1997. "Hoy tengo la satisfacción de decir que está pagada y forma pare del patrimonio del ente colegial". Además, en su periodo como presidente asumió, de una parte, la implantación del sistema de oficinas de notificaciones y recepción de escritos en todas las sedes judiciales; y, de otro, la celebración en Cádiz del Congreso Nacional de Procuradores en el año 2000.

Ahora bien, en la lista de objetivos quedan también cuentas pendientes para Sánchez. "Me hubiera gustado disponer de más medios económicos para cursos, jornadas y seminarios. Nos hemos quedado cortos por falta de presupuesto". En este punto, el que fuera presidente de los procuradores en Cádiz subraya que el colegio gaditano es una entidad con ingresos modestos. "El número de colegiados es reducido (unos 150) y abonan unas cuotas asumibles con las que hemos tenido sufragar los servicios de notificaciones". Las cuentas, por tanto, "no daban para más". Encima, "no accedemos a ninguna subvención. Sólo por la gestión del turno de oficio la Junta de Andalucía nos otorga una ayuda, pero muy pequeña". Pese a esta falta de recursos, Sánchez Romero dice estar orgulloso de dejar la presidencia "con las arcas saneadas y un déficit cero".

Una profesión "tan señera" como la de la procura atraviesa momentos de incertidumbre desde que las nuevas tecnologías están llamadas a desempeñar un papel más destacado en la Administración de Justicia. Un ejemplo de ello es que la función de notificar en papel, una tarea desarrollada tradicionalmente por los procuradores, ha desaparecido. ¿Por dónde pasa el futuro de este sector entonces? Sánchez afirma que por "la ejecución y los actos de comunicación". Y es que con la entrada en vigor, en enero de 2016, de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil "hemos conseguido adquirir mayor protagonismo gracias a la facultad de certificación. En adelante el procurador tendrá más competencias para asumir acciones hasta ahora encomendadas a los funcionarios de Justicia".

A efectos prácticos, de cara a la sociedad, "esto traerá consigo importantes ventajas, ya que se agilizarán los procedimientos judiciales y se aliviarán los atascos en los juzgados", señala el ex presidente. "Lo cierto es que los procuradores siempre hemos solicitado una ampliación de nuestras competencias, es una demanda histórica. Estamos cualificados para emprender más actuaciones. Los procuradores todavía están infrautilizados, se puede obtener mucho más rendimiento de esta profesión".

José Eduardo Sánchez está convencido de que los especialistas de la procura asumirán y superarán los nuevos retos que se avecinan, como ya hicieran en otras ocasiones. El ex responsable gaditano recuerda que este sector "ya ha vivido etapas difíciles", sobre todo, en dos momentos especialmente convulsos: "con la transposición de la normativa europea de los servicios de los colegios profesionales y con aplicación de la Ley Ómnibus en 2009".

En el primer caso, "fue un trastorno para el gremio que Europa pretendiese suprimir la incompatibilidad entre abogados y procuradores, lo cual hubiese sido nefasto no sólo para la profesión -que hubiese desaparecido-, sino para la propia Administración de Justicia". Sánchez siente que "esa espada de Damocles se cierne aún sobre nosotros, pues Europa sigue erre que erre".

Pero si hay algo que supuso un revulsivo para la procura, según Sánchez Romero, fue la supresión de la territorialidad con la entrada en vigor de la Ley Ómnibus. "Unas de las características principales de nuestro trabajo era la territorialidad, entendiendo como tal el sistema por el que cada procurador estaba adscrito a un partido judicial concreto, de manera que sólo podía ejercer en esa demarcación. Se garantizaba así una mediación absoluta entre el procurador y su representado. Estaba en el sitio, conocía a los jueces, a los secretarios, a los funcionarios... Era un soporte fundamental para el abogado". A partir de 2009 se suprimen las territorialidades con la mencionada ley. "Desde entonces se ha producido una transformación tremenda en nuestro modo de actuación. En la actualidad hay procuradores que llevan asuntos a más de 1.000 kilómetros de distancia y necesitan, obviamente, de colaboradores; por no hablar de las pérdidas sufridas por los pequeños despachos en detrimento de los grandes, que acaparan el trabajo del procurador local". Sánchez asegura que "lo peor del asunto es que se ha perdido calidad en el servicio. Los problemas se solucionan con el cara a cara, conociendo a las personas. El sistema telemático es muy frío".