El Senado, en contra de la cuota del boquerón

Sanlúcar/El Senado también dice "no" a la cuota del boquerón impuesta por la Unión Europea que afecta tan negativamente a la pesca en la provincia de Cádiz. La presidenta del PP de Sanlúcar, y también senadora, Carmen Pérez, confía que este acuerdo alcanzado en la Comisión de Pesca de la Cámara Alta sirva para que el Gobierno de España lo atienda y lo insta a dar "la máxima firmeza en la defensa de la flota dedicada a la pesquería del boquerón en el Golfo de Cádiz, exigiendo de la Comisión Europea la revisión o retirada de la propuesta que debiera contener, en su caso, de forma inexcusable el componente socioeconómico”.

El sector pesquero cuenta con una gran importancia y peso en la actividad económica de Sanlúcar de Barrameda. Por ello, Pérez recuerda que Bruselas ha decidido con esta cuota limitar las capturas en una del área de Total Admisible de Capturas (TAC), al sur de la línea que atraviesa las aguas atlánticas del suroeste de la Península Ibérica, con un máximo de 969 toneladas, con carácter retroactivo desde el pasado mes de julio. La senadora afirma que esta decisión ha generado "incertidumbre en las flotas". No en vano, advierte, la de Sanlúcar no faena desde el pasado 23 de diciembre.

Además, el sector ha recibido dos comunicaciones por parte del Ministerio de Pesca que informa del recorte de la cuota en un 56% y el cierre de la pesquería a partir de este mes, aunque la decisión de la Comisión Europea no es firme. La situación puede empeorar, avisa la portavoz popular, porque se prevé una reevaluación de la propuesta de cuto por parte de Bruselas en diciembre con datos de octubre, fechas que no son beneficiosas para la pesca.

Por todo ello, la senadora sanluqueña considera que el Gobierno de España y, en concreto el ministro Luis Planas, deben mostrar un rechazo firme a la “injusta decisión de la Comisión Europea, pues se tomó sin el informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) sobre las especies en la zona delimitada", y remarca que "debe hacer valer el impacto socioeconómico en la flota de cerco, pero también en la lonja y la industria transformadora, para oponerse y defender los derechos de los afectados, para que Bruselas dé marcha atrás".