Suspendido el juicio a los trabajadores acusados de desórdenes durante la huelga del metal en Cádiz

El juicio a siete manifestantes que participaron en varias jornadas de la huelga del metal en noviembre de 2021 en la barriada del Río San Pedro de Puerto Real se ha suspendido. En una breve comparecencia, el juez, respaldado por el fiscal y las defensas, ha acordado que el órgano competente para juzgar este caso es la Audiencia Provincial de Cádiz y no el Juzgado de lo Penal, tal y como estaba previsto en un principio.

Desde primera hora de la mañana, unos 200 personas se concentraron a las puertas del juzgado para apoyar a los siete procesados en esta causa, para los que la Fiscalía mantiene su petición de tres años de cárcel, dos años por desorden público y uno por atentado a la autoridad, para cada uno de ellos. Tres de los procesados acudieron a sede judicial procedentes de prisión, donde se encuentran internos por otras causas.

Pedro Castilla, el abogado defensor de cinco de los encausados y miembro de la Cooperativa Jurídica Gestea, explicó a los medios que el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz acordó la suspensión de la vista por dos motivos, uno principal: que el órgano competente para juzgar el asunto es la Audiencia de Cádiz "por la calificación y tipificación del delito".

Y es que tras una modificación del Código Penal, en concreto, del artículo 557 de delito de desórdenes públicos, las penas se han visto agravadas y abarcan un arco punitivo mayor. Sin embargo, para juzgar a los siete trabajadores se mantendrá lo previsto en la redacción anterior a la reforma del Código Penal por ser más favorable para los procesados.

"Ahora habrá que esperar que se trasladen todos los autos a la Audiencia de Cádiz, que es donde deberían haber estado en todo momento", manifestó Castilla, que apuntó además a "ciertos defectos formales" en el procedimiento. "Dos testigos presenciales propuestos por nuestra parte ni siquiera habían sido citados a declarar. Además, hasta pocos días antes de la celebración de esta vista, no tuvimos conocimiento de los autos, un sumario muy extenso con muchísimas páginas, lo que nos ha impedido llevar a cabo un adecuado ejercicio de la defensa".

Asimismo, Pedro Castilla criticó que uno de los trabajadores imputados en esta causa había sido absuelto hacía unos diez meses aproximadamente por el Juzgado de Puerto Real y, sin embargo, no se tuvo constancia del sobreseimiento respecto a este octavo encausado hasta hace una semana. "Pese al archivo, esta persona fue citada como encausada en el proceso judicial". Del mismo modo, el letrado denunció la falta de información sobre el ingreso en prisión de uno de sus defendidos.

Cuestionado por el error en torno a la competencia del órgano sentenciador, el abogado reclamó "como derecho fundamental la digitalización los procedimientos de la Administración de Justicia, un derecho recogido en la legislación actual".

Por último, el letrado defendió la inocencia de los acusados. "Hablamos de trabajadores del metal que estaban ejerciendo un derecho constitucional para reclamar un trabajo digno. Cuando se tiene un convenio colectivo que no es malo pero que no se cumple, es normal que haya trabajadores que acudan a la calle para exigir su cumplimiento veraz. No se puede criminalizar a unos trabajadores que simplemente reclamaban un derecho constitucional".

Entre las 200 personas que se concentraron a las puertas del juzgado en apoyo a los acusados estaban miembros de la Coordinadora del Metal, trabajadores de Acerinox, Navantia y Airbus, integrantes de la Marea de Pensionistas, representantes de Adelante Andalucía y personalidades como el ex alcalde de Puerto Real José Antonio Barroso o Diego Cañamero.

El portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), Manuel Barber, valoró la suspensión de este juicio, ya que con ello los abogados "dispondrán de más tiempo" para preparar la defensa, aunque eso "supondrá alargar más la agonía".

Antes del inicio de la comparecencia, Jesús Galván, miembro de la CTM, aseguraba que "no se puede atacar con el Código Penal a trabajadores por salir a defender sus derechos".