El vertedero de las 1.001 incidencias

Algeciras/Bombas que no funcionan, balsas que rebosan, un lixiviado de hasta 84 litros por minuto y un arroyo, el de La Cava, con un evidente daño ambiental, además de la alerta sobre una posible contaminación de la masa de agua subterránea Guadarranque-Palmones. El antiguo vertedero del Cobre vuelve a la actualidad de la mano de un informe del Instituto Nacional de Toxicología, dentro de un proceso judicial en el que se investigan las posibles responsabilidades por esos vertidos. Este informe, que responde a una denuncia presentada por la organización ecologista Agaden, es el último documento de una larga serie que ha ido constatando que la gestión del antiguo depósito de residuos de Algeciras dista mucho de ser la adecuada.

El vertedero nació con un pecado original: se instaló en una zona con dos surgencias de agua constatadas y sin realizar un acondicionamiento del lugar para su explotación. Con una normativa menos restrictiva que la actual, el fondo del vaso no se impermeabilizó, por lo que no hay barrera alguna que evite la absorción del agua.

En esa zona sin preparar se depositaron residuos domiciliarios sin separación, además de otros residuos municipales como enseres o restos de poda. Esa era la zona sur del depósito, de gestión municipal; en la zona norte, Fomento de Construcciones y Contratas depositaba las escorias procedentes de la fabricación de acero inoxidable. Ambos depósitos finalizaron en el año 2000, en el que se colmató la zona de residuos urbanos.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras firmaron entonces un convenio para que la primera ejecutase el sellado del vertedero, como en muchos otros municipios de Andalucía. En ese proceso se instaló un pozo de bombeo para extraer el agua que emana de las surgencias, con el objetivo de evitar que se generen lixiviados de la masa de residuos que acaben desbordando la balsa y llegando al arroyo. Justo lo que está ocurriendo. ¿Y por qué ocurre? Según la Junta, por una falta de mantenimiento posterior de la instalación que correspondería al Ayuntamiento, ya que la supervisión realizada tras el sellado demostraría que este se hizo de forma correcta. Según el Consistorio, el problema proviene del proceso de sellado, que no se ejecutó adecuadamente, mientras niega la responsabilidad en su mantenimiento posterior porque asegura no haber recepcionado la obra (la Administración autonómica sostiene que sí lo hizo).

Más allá de una disputa que tiene visos de resolverse en sede judicial, lo cierto es que los lixiviados se están produciendo. Así lo constatan sucesivos informes del Servicio de Calidad de las Aguas de la Consejería de Medio Ambiente y de los agentes de Medio Ambiente de Andalucía. Ya en 2011 hay una incidencia por lixiviados que provoca la imposición de una sanción. A lo largo de 2016, estos constatan en numerosas ocasiones que hay descargas de agua de la balsa auxiliar de lixiviados a la vegetación colindante, que presenta un aspecto marchito. Esas pérdidas se siguen produciendo a lo largo de los meses y afectan a un terreno en el que hay animales domésticos. Además, observan que la capa de sellado del vertedero parece estar en riesgo en muchos puntos por la pérdida de la cubierta vegetal.

Dada la continuidad de los hechos, los agentes de Medio Ambiente realizan una toma de muestras en enero de 2017 y calculan el caudal del vertido al arroyo mediante un aforo: 1,4 litros por segundo, es decir, 84 litros/minuto, aproximadamente media bañera. Cinco mil litros en una hora; meses antes se había medido un caudal de 50 l/min. En sucesivas visitas comprueban de nuevo que los lixiviados están escapando por rebose de las balsas en forma de regajos que terminan incorporándose al arroyo La Cava. También mana el líquido a través de una fisura en el suelo. Meses después, los agentes de Medio Ambiente constatan que el bombeo está estropeado de nuevo. Y en mayo denuncian que la valla perimetral de las instalaciones está rota; los animales campan por allí a sus anchas como denotan las pisadas en el suelo encharcado. Las analíticas hechas en este proceso de vigilancia muestran el empeoramiento ambiental del arroyo La Cava como consecuencia de los vertidos.

En 2015 una auditoría ya había advertido de la contaminación del arroyo, constatada en los niveles de sulfatos, fluoruros, cloruros, cromo, níquel o arsénico. Para Consultoría de Técnicas Ambientales, las incidencias eran consecuencia de la falta de mantenimiento del vertedero. La auditora alertaba de que no se había realizado ningún informe sobre el sistema de interceptación de las aguas de escorrentía y las actuaciones de mantenimiento, no se estaban haciendo analíticas periódicas de los gases emitidos y no se estaban analizando las aguas subterráneas al no existir piezómetros. Tampoco se estaban controlando mediante analíticas las aguas superficiales.

Los últimos controles del vertedero llegan ya de la mano del procedimiento judicial. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil acude dos días al vertedero por orden del juez para hacer una inspección in situ y tomar muestras. El objetivo es aportar información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para valorar el daño medioambiental que están causando los vertidos. Para la toma de muestras avisan al Ayuntamiento de Algeciras, pero no acude nadie; también al Consistorio le encargan la ejecución de los piezómetros para tomar muestras del agua subterránea. Y en la inspección, los agentes constatan que no funciona el sistema de bombeo, que la arqueta de lixiviados estaba rebosando hacia la balsa grande y que esta estaba al máximo de su capacidad. Ante esta situación, el Seprona dio aviso a la empresa Arcgisa para que se hiciese cargo de los lixiviados acumulados y evitar así que fuesen vertidos.

Ese es el sistema que se ha venido utilizando para evitar lo que en última instancia ha estado ocurriendo, que los lixiviados lleguen al medio natural. Según explicó el Ayuntamiento algecireño, los lixiviados se han ido recogiendo en camiones cisterna para llevarlos hasta la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Sotogrande. Y en un futuro no muy lejano el líquido será transportado directamente vía tubería a la EDAR de Isla Verde, evitando así los problemas que se generan de rebose de las balsas.

Sobre el riesgo potencial de los lixiviados, el Consistorio asegura que según sus informes no son tóxicos ni peligrosos. También se duda de la afección a la masa subterránea de agua Guadarranque-Palmones; en cualquier caso, apuntan fuentes municipales, cualquier agua que vaya a usarse para consumo humano pasa por múltiples análisis. Pero el Instituto de Toxicología sí ve riesgo grave de contaminación, de ahí que haya encargado sus propias analíticas. Los resultados dimensionarán el daño causado por el vertedero en la naturaleza que lo rodea.