El Gobierno aprueba el reglamento de la 'ley Sinde'

El Consejo de Ministro ha acordado este viernes la supresión del canon digital y la regulación, en cumplimiento de la conocida como ley Sinde, de la Comisión de Propiedad Intelectual cuyo presunto objetivo es la defensa de los derechos de autor frente al "expolio" de las páginas de internet de descarga no autorizada de contenidos. Esto es, ha aprobado el reglamento que hace posible la aplicación de dicha norma, y que el anterior ejecutivo dejó en suspenso tras una polémica tramitación.

Las medidas han sido anunciadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha explicado que el canon digital será sustituido por un sistema de compensación de copia privada, no aportando más explicaiones sobre el mecanismo, naturaleza o funcionamiento de éste y anunciando sólo que los criterios de fijación y determinación del mismo serán marcados por el Gobierno en un real decreto. Sáenz de Santamaría ha recordado que la supresión del canon fue acordado por las Cortes a propuesta del PP y ha subrayado que con esta medida su partido cumple un compromiso electoral.

Con la luz verde al reglamento de la ley Sinde se pone en marcha la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de tramitar las denuncias contra las webs de enlaces realizadas por los propietarios de los derechos, y que sólo requerirá de una intervención judicial para identificar a un posible infractor y para solicitar el corte de conexión a internet o el bloqueo de una dirección concreta. Se trata, asegura Sáenz de Santamaría, de "proteger los derechos de los propietarios, creadores y otros titulares frente al expolio lucrativo de las webs de descargas ilegales".

"Quiero aclarar que solo se va a actuar, y siempre, con la correspondiente protección judicial, frente a quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros. Sólo contra los que hacen negocio de esas descargas ilegales", ha precisado la vicepresidenta del Ejecutivo.

La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que con esta norma "España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería. Cumplimos nuestros compromisos electorales, pero también nuestros compromisos internacionales", ha añadido.

El canon digital había sufrido el pasado mes de marzo un serio revés cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional declaró nula la orden ministerial de junio de 2008 que regulaba este gravamen. Meses antes, en octubre del pasado año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había declarado que el canon digital aplicado en España a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada no era conforme con el Derecho comunitario. En su sentencia, la Corte señaló que no resultaba conforme con la directiva europea la "aplicación indiscriminada" del canon, en particular a equipos, aparatos y soportes de reproducción digital -como CD o DVD- que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y estén reservados a usos distintos a la realización de copias privadas.

La Audiencia de Barcelona dictó en marzo pasado la primera sentencia que aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y eximió a la empresa Padawan del pago de un total de 16.759 euros que la SGAE le exigía en concepto de canon digital por la venta de soportes digitales. Durante los últimos años, el canon ha enfrentado a las entidades de gestión con el sector de la industria de las nuevas tecnologías y las asociaciones de internautas, que consideraban injusto e indiscriminado este gravamen. Estos colectivos se agruparon en la plataforma Todoscontraelcanon y reclamaron que las administraciones públicas, empresas y particulares que usan soportes digitales con contenidos no sujetos a derechos de autor -es decir tener un CD con datos privados o fotos- deben estar exentos del pago del canon, ya que consideraban que en beneficio de unos pocos, se penalizaba a todos.

El canon debe ser pagado por el fabricante, según establecía la ley. En un principio se pagaba el canon en los soportes analógicos -por ejemplo en las antiguas cintas de casete y de VHS- y también en algunos soportes digitales, como el CD y el DVD. A partir de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor en julio de 2006, se extendió el canon a todos los soportes digitales. El listado de estos soportes y la tarifa de cada caso, según la ley, debía regularse cada dos años en una orden ministerial conjunta de los Ministerios de Industria y de Cultura, que debían hacer su propuesta si las partes -sector industrial y entidades de gestión de derechos de autor- no llegaban a un acuerdo. A partir de ahora, en lugar del canon digital existirá ese anunciado, aunque aún no explicado, sistema de compensación por copia privada que el Gobierno fijará mediante real decreto.