Investidura en medio de un vendaval de protestas

Como esas persistentes borrascas que azotan la Península Ibérica generando olas de hasta 14 metros, así está el látigo al Estado de derecho en algunos países, incluyendo España. Esa sería una de las conclusiones del Congreso Internacional de Comunicación Judicial celebrado estos días en Santo Domingo, organizado por la Suprema Corte de Justicia dominicana y por la Asociación Mundial de Abogados que preside el abogado español Javier Cremades.

República Dominicana albergará el Congreso Mundial de Juristas en mayo de 2025 (antes se celebró en Madrid, en Barranquilla y en Nueva York) y aspira a ser considerada “capital de la ley y del derecho”. No hay tantos países en democracia y, en algunos, el Estado de derecho se muestra debilitado empezando por los Estados Unidos donde un presidente en funciones, Donald Trump, alentó el asalto al Capitolio donde murieron cinco personas. Le siguió Brasil tras la derrota del presidente Bolsonaro. En otro grupo de países la democracia es solo nominal como Venezuela, Nicaragua, Rusia o China. Y una mirada a Europa resulta cada vez más inquietante: la extrema derecha va entrando en los Gobiernos, léase Italia o Finlandia. Y acosa las sedes del Partido Socialista en España.

De forma pacífica, la derecha española, a la llamada del PP, protesta por el pacto entre socialistas y las derechas independentistas, representadas por un desafiante Carles Puigdemont, el ex presidente catalán huido a Bruselas. Cientos de miles en las calles, o más, el pasado domingo. Al tiempo, hay comunicados públicos de jueces, otras instancias jurídicas, y hasta de inspectores de Hacienda y asociaciones de guardias civiles, que rechazan ese pacto porque, a su juicio, vulnera la ley y discrimina a los ciudadanos. Algunas declaraciones suben de tono y consideran que “la democracia está en peligro”, o que “el estado de derecho comienza a desaparecer”. Para Juan Luis Cebrián, periodista fundador de El País, si España cae, Europa, tal como la conocemos, acabará despareciendo porque el panorama es desolador.

La fractura interna se aprecia incluso en el Partido Socialista, por más que jóvenes dirigentes intenten desprestigiar al histórico líder Felipe González, convertido en adalid de la defensa constitucional. Pero no es el único: en la jura de la Constitución por la princesa Leonor, el 31 de octubre en el Congreso, el redactor de la Carta Magna Miquel Roca Junyent explicaba a los periodistas la barbaridad jurídica que, a su juicio, se está perpetrando. Hay otras interpretaciones a considerar: es relevante la del dirigente socialista catalán Salvador Illa cuando estima que “gracias a este acuerdo, el independentismo se ha reintegrado a la senda constitucional”. Y el ex presidente Zapatero, con paciencia infinita, replicaba a una periodista en TV, cuando acusaba de ceder mucho a los soberanistas y ellos nada, que basta mirar al Parlament de Catalunya donde la CUP presentó esta semana una proposición para celebrar un referéndum de autodeterminación y los diputados de Esquerra y Junts no la apoyaron. “Por algo será”, decía Zapatero.

“La ley, si no es clara, no es ley”, sostuvo Santiago Muñoz Machado, Director de la RAE, en esa reunión de Santo Domingo. Ahí están ahora: releyendo párrafos delicados y palabras clave del acuerdo. La escenificación del pacto, por una lucha pueril de protagonismos, ha retrasado la investidura. Coalición Canaria y PNV apoyarán también a Pedro Sánchez que sumaría 179 votos, tres más de los necesarios. Siempre con permiso de Pablo Iglesias y de algunos socialistas que no quieran dar el campanazo. El final, o el fracaso, esta misma semana.