Visceralidad y desafío con España en la UCI

Sectarismo y radicalismo fueron los virus que acabaron con la II República, de la que esta semana las fuerzas políticas afines al enconamiento han conmemorado el 90 aniversario con expresiones altisonantes como la pronunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificándola de "vínculo luminoso" con nuestro pasado. Revisar la historia, estudiarla, interpretarla, asumirla, es una labor de conocimiento y raciocinio, imprescindible para que los trombos de ayer no obstruyan las arterias del presente y el mañana, que es lo que sucede, como se aprecia estos días, cuando los partidos que se llaman progresistas exaltan, sin diseccionar y con ánimo revanchista, un sistema dos veces fracasado que nos condujo a una guerra civil y a 40 años de dictadura.

El empecinamiento contra la España constitucional es constante, persuasivo en sectores de la sociedad que no aciertan a comprender el enorme peligro que entraña para los derechos y libertades la tendencia a la partitocracia que exhiben determinados dirigentes. A las semillas del conflicto no les falta abono. El objetivo no es lograr amplios consensos para aplicar reformas que mejoren el sistema. Desde el despacho o desde la calle, a la que ha regresado el líder podemita, Pablo Iglesias, el modus es revolucionario y frentista. La última sesión plenaria celebrada en las ninguneadas Cortes fue un fiel reflejo de la retrotraída España de bloques irreconciliables, en la que cada grupo compite en discursos viscerales y tremendistas, con la participación de un Gobierno inoperante y triunfalista, al que sustentan los enemigos de la Carta Magna.

El aparente optimismo que propala el jefe del Ejecutivo en sus propagandísticas comparecencias no se inscribe en un plan riguroso para la recuperación de un país en la UCI, sino en la estrategia manipuladora que conlleva permanecer en La Moncloa sometido a la extorsión de sus socios radicales y secesionistas. Todo cabe en su propósito. Mientras Merkel reforma leyes y asume, con argumentos de estadista, el mando de los estados alemanes en la lucha contra la pandemia, Sánchez anuncia el fin del estado de alarma y vuelve a descargar en los gobiernos autonómicos la responsabilidad que le compete sin establecer un marco jurídico legal que les permita adoptar medidas sin pasar por los tribunales.

El presidente del Gobierno es el principal actor de la tragicomedia que amilana al país. Está maniatado. Ha transcurrido más de un año desde la fatídica aparición del coronavirus y aún no ha establecido un programa de acción nacional contra el Covid para no molestar a sus socios independentistas. Y no muestra el proyecto de reformas que le exige Bruselas para desbloquear los 140.000 millones de fondos europeos, la mayor ayuda que haya recibido nunca España, porque tampoco lo suscriben Podemos y los nacionalismos extremos que amparan su Presidencia trabuco en mano.

A Sánchez se le estrecha el cerco. No tardará en proclamarse víctima y desviar la culpabilidad a la oposición que él califica de "derecha totalitaria". Está a la espera de lo que ocurra en los comicios de Madrid, pero la argucia final está diseñada: convocar elecciones.