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Los expediente de regulación de empleo los promovió la Unión Europea para desmantelar empresas que funcionaban mal. Se calculaba la cantidad a pagar a los trabajadores hasta la edad de jubilación, y algún complemento para cónyuges e hijos en caso de fallecimiento; con el cálculo actuarial se abonaba una prima a compañías de seguros que la invertían en renta fija, y con los intereses y amortización iban pagando a los trabajadores. Tres cuestiones caben señalar. Una, las compañías no cobraban comisiones, sólo calculaban y cobraban la prima, y corrían el riesgo de la inversión; además, no fueron buen negocio porque competían y ajustaban demasiado las primas. Dos, eran las empresas quienes facilitaban a la Junta y a las compañías la lista de trabajadores acogidos al ERE. Tres, el procedimiento necesitaba rapidez porque los tipos de interés cambiaban para la compañía, que tenía que casar inversiones y compromisos. A partir de aquí un procedimiento del Gobierno andaluz, que aprueba el Parlamento, agiliza los pagos, pero los débiles controles permiten que algunas empresas metan a personas ajenas. Calculo que en empresas de alrededor de 100 trabajadores no podían ser mucho más de cinco ilegales, y este número es posible que aumentara con el tamaño de la empresa, pero no proporcionalmente, pues habría sido demasiado llamativo. Tampoco se da en todas, por lo que la cantidad defraudada no superaría el 5% del personal y de los fondos destinados a los ERE, y dudo que llegara en total a los 35 millones de euros.
Cualquiera con sentido común entiende que aunque la endeble norma administrativa se prestaba al fraude, nadie ha probado que lo buscara. Aun así, la sentencia del Tribunal Constitucional es fina, y permanece en el terreno de lo constitucional, reestableciendo el principio de que un juez no puede interpretar la legalidad de una norma, pues es competencia del Constitucional; y que ningún miembro de un gobierno puede ser acusado de presentar a un parlamento una norma, pues éste es soberano para aprobarla o no. Resulta peculiar que los jueces no hayan ido primero por los que cobraban indebidamente, pues es como si alguien se deja la puerta abierta, roban, y sólo se va a por esa persona y no a por el ladrón. Además, los ERE se siguen pagando, y el que nadie lo haya parado sólo puede interpretarse como que la mayoría de los pagos a trabajadores los consideran, la policía, los jueces y la administración actual de la Junta, legales.
Es el centenario de la muerte de Frank Kafka, quién en un mes de julio tras romper su compromiso con Felice Bauer, comenzó a escribir El Proceso, donde Josef K. es arrestado sin entender por qué, mostrando cómo cambia el estado de una persona procesada por crímenes ambiguos, pues se le mete en un proceso donde se manipula lo que ha pasado de conformidad con el destino que otros le quieren dar. Entre las frases más significativas de la lengua alemana se encuentra ésta: “Alguien ha debido ir contando bulos sobre Josef K. porque una mañana, sin haber hecho nada malo, lo han arrestado”, y nos trae a la mente esos personajillos siniestros que andan denunciando, a ver si, con contenido o no, se inicia un proceso que acabe al menos con la vida civil del presunto inocente.
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