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Lomos la economía avanzada que más crece y en 2023 el número de ocupados superó la barrera de los 21 millones. Para 2025 se espera que continúe el fuerte crecimiento y que los ocupados superen los 22 millones, pese a lo cual no se consiguen disipar las dudas sobre su sostenibilidad. Entre las amenazas están el desequilibrio en las finanzas públicas y entre las umbrías más persistentes el reducido nivel de la productividad y las elevadas cifras de paro, pero la más mezquina de las admoniciones es la desigualdad. Se crece y se genera empleo, pero los indicadores de pobreza y exclusión en España siguen siendo alarmantes.
C. Vacas, investigador de Eurofound, señala a España como el séptimo país con mayor nivel de desigualdad de la UE-27, si se mide según el índice de Gini, y como el quinto si se observa el índice S80/S20, que nos indica, según el último dato de Eurostat, que el 20% de la población más rica multiplica por 5,5 el nivel de ingresos del 20% de la población más pobre. En 2023 estábamos en un nivel similar al de 2008, tras superarse una etapa de importante deterioro, hasta 2013, debido al gran impacto de la crisis inmobiliaria en las rentas más bajas, y otra de lenta recuperación posterior. Las causas son, según el investigador, el reducido tamaño de la clase media (60% de la población con ingresos comprendidos entre el 75 y 200% de la renta mediana, el quinto más bajo de la UE 27) y la ineficacia de las políticas redistributivas.
El tamaño de la clase media se interpreta como indicador del grado de exclusión/inclusión social y su perfil temporal en España es muy similar al de la desigualdad. El resultado es que España es el tercer país de la UE 27, tras Bulgaria y Rumanía, con mayor proporción de población en riesgo de pobreza (26,5% en 2023, último dato de Eurostat), aunque todavía más dramático es que seamos el de mayor tasa de pobreza infantil. El 28% de los menores de 18 años vivía en 2022 en hogares con ingresos inferiores al 60% de la mediana, frente al 19% del conjunto de la UE 27.
Vacas apunta dos cuestiones relativas a la ineficacia de las políticas redistributivas que deben ser destacadas. La primera, que España figura entre un grupo de países de redistribución regresiva, básicamente por el efecto de las pensiones, donde el 10% de los ricos recibe más transferencias sociales netas de impuestos (un 15% del total) que el 10% de los más pobres (menos de un 4%). La segunda, que el impacto de las políticas redistributivas en la reducción de la desigualdad en España se estima en un 37%, mientras que la media europea se sitúa en un 42%.
La última edición de Taxing Wages (OCDE), que mide el impacto de la fiscalidad y las cotizaciones sociales sobre los salarios, la denominada cuña fiscal, proporciona una pista de lo que puede estar ocurriendo. En 2023 se superó el 40% del coste laboral total, situándose incluso por encima de países de tan elevada presión fiscal y nivel de bienestar como Noruega o Dinamarca, lo que parece indicar que, como es habitual, las diferentes iniciativas fiscales del Gobierno están teniendo una especial repercusión en las rentas del trabajo y en las clases medias.
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