El limbo después de la vida laboral

Tras aprobarse por el Parlamento la regulación de las pensiones hay cuestiones que siguen abiertas. La primera es la evolución demográfica, pues sabemos que tras jubilarse, a la media de los españoles les quedan 23 años de vida, a los hombres, y 27 a las mujeres; este dato para 1970 era de 11 y 14 años, con lo que hoy un pensionista tiene la expectativa de cobrar entre 12 y 13 años más. El sistema de pensiones sufre ese coste y es razonable que se aumente la edad de jubilación, pero además han de crecer el empleo y las cotizaciones, con salarios más altos, y menos lagunas en la vida laboral, de aquí la nueva cobertura a becarios, entre otras medidas. La cuestión de la inmigración tiene importancia, pero de lo que se trata es de que haya empleos, sean productivos y estén bien remunerados. La segunda idea es que la Unión Europea exige un plan y que cuadren las cuentas en un sistema donde las pensiones se pagan con cargo al presupuesto; si el Parlamento español ha decidido con sólo un 30% de votos en contra que no se deben bajar las pensiones sino aumentar las cotizaciones, es obvio que esto supone un mayor coste del trabajo como factor de producción, que habrá que asumir dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que todo el mundo suscribe, donde el coste laboral no es sólo el de la vida laboral sino el de la vida de un trabajador.

Y la tercera idea es sobre el ahorro para la jubilación. El profesor del IESE Pablo Fernández con Javier Fernández Acin publican un demoledor estudio sobre los planes de pensiones privados en España; hay 860, con 7,6 millones de partícipes y un patrimonio de más de 80.000 millones, pero la rentabilidad media anualizada en 15 años de los 397 fondos que tienen esa edad es de 1,1%, muy por debajo de lo que habría dado la deuda pública, que es un 4,4%, que sólo superan 12 fondos, mientras que 47 en esos 15 años están en negativo. La clave -esto no aparece en el estudio- está en las elevadas comisiones, que habría que rebajar al menos un 1 punto, pues calculo que sobre un 1,1% de rentabilidad, 1 punto menos de comisión para un ahorro de 100 euros mensuales durante 15 años supone un aumento de rentabilidad total de casi un 40%. La pregunta que se hace Pablo Fernández ante algo tan ineficiente es por qué no se permite ahorrar en otras alternativas con las mismas ventajas fiscales, por ejemplo -es una idea propia-, en sociedades cotizadas que inviertan en vivienda de alquiler social. Combinado con un plan público que invirtiera en deuda pública europea, sería una buena oferta al ahorro para la jubilación. Estas innovaciones podrían animar a planes de pensiones de empleo, de empresas y mutualidades.

Dos apuntes adicionales; uno, que en el debate sobre la actualización de la ley de pensiones no he visto propuestas alternativas que abordaran el problema en toda su complejidad. Y otra, que aunque este es un asunto por revisar, ya que los datos cambian y las circunstancias difieren, es vital mantener unos principios básicos y un consenso en el Parlamento, pues como el caso de Francia muestra, cuando se frustran las expectativas de una mayoría de ciudadanos, se abre la puerta a la violencia y el caos, que afortunadamente en España se ha evitado en este y otros asuntos.