Cómo pagar la recuperación de la catástrofe

En dos artículos anteriores hemos visto la relación entre el calentamiento en el Mediterráneo y la tendencia a precipitaciones extremas, y cómo la recuperación de la catástrofe debería llevar a una planificación con más sostenibilidad e inclusión, y mejor gestión local del riesgo. Hay dos formas de hacer frente a un daño: mediante el ahorro y el seguro que es una forma de ahorro, y el endeudamiento, lo cual vale para lo privado y lo público. También están los activos de las administraciones públicas, en este caso desde intangibles de recursos humanos como la UME a la maquinaria o suelo donde construir nuevas viviendas.

Estas catástrofes que vivimos, con ser enormes, no superan la capacidad del Estado; en la provincia de Valencia la renta disponible por habitante es de 23.623 euros (datos de la Agencia Tributaria) y en torno a 20.000 para municipios de menos de 50.000 habitantes. El 82,4% de las rentas declaradas son del trabajo y suponiendo que hay afectados 250.000 trabajadores, se necesitarían 2.500 millones para mantener seis meses a esa población con sus rentas medias personales (no familiares) de antes de la catástrofe. Habrá que ver qué necesitan para recuperarse las empresas, cuánto las estructuras, qué aportan los seguros y la capacidad de la Comunidad Autónoma y ayuntamientos para gestionar los fondos europeos de rehabilitación de vivienda que no utilizan, y para llevar a cabo las obras con la financiación de que ya disponen. Lo importante es que con los 20.000 millones de ayudas que ya se distribuyen, se genere actividad económica y empleo.

Los fondos de la Unión Europea (UE) son por supuesto necesarios, y para eso están, pero no urgentes y pueden valorarse y negociarse con tranquilidad, pues España no tiene un problema de liquidez, y están también las entidades supranacionales como el Banco Europeo de Inversiones, presidido por Nadia Calviño. La deuda pública del Estado a un año se financia a un 2,6%, cercano a la inflación; la Comunidad Autónoma sí tiene un problema para financiarse, pues arrastra desde hace años un endeudamiento que es el doble de la media nacional respecto al producto. Esta facilidad del Reino de España para acceder a los mercados se debe al crecimiento del producto, que relativiza el peso de la deuda, y sobre todo a las expectativas que crea la voluntad manifiesta de Hacienda, de cubrir con impuestos el aumento del gasto.

Surgen de aquí varias ideas; una, la conveniencia de disponer de un fondo de ahorro público, porque las necesidades a hacer frente por el Estado son muchas y cuantiosas; el mismo Consorcio de Seguro, que es público, tiene reservas superiores a 10.000 millones. Segunda, cuando se habla de solidaridad, la principal es la fiscal, pues siempre se mira al Estado, y sería oportuna la iniciativa de un impuesto especial para la recuperación, que no afectara al consumo ni a la inversión productiva. Y por último, es obvio que las exigencias de gasto chocan con las pretensiones de algunas comunidades autónomas de bajar impuestos, y los votantes deberían ponderar la inconsecuencia de que un partido político pida más ayudas, y sus diputados se opusieran a los ingresos presupuestarios necesarios para cubrirlas.