El techo de gasto y la prórroga de los presupuestos

El primer paso en técnica presupuestaria es conocer la cantidad de recursos que se dispone. Luego vendrán los detalles de procedencia y empleo, pero antes tendrá que resolver el Gobierno el problema del rechazo en el Congreso a su propuesta de techo de gasto en el trámite hacia la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Lo que llamamos techo de gato es en realidad el objetivo de Estabilidad Presupuestaria que la ley del mismo nombre obliga a establecer y que afecta a déficit, deuda pública y regla de gasto para los tres próximos ejercicios. No le queda mucho tiempo, si quiere evitar una segunda prórroga de los PGE 2023.

En realidad solo tiene el mes de septiembre para negociar y presentar el anteproyecto (el detalle de la acción de gobierno pretendida para el próximo año) antes del 1 de octubre, como es su obligación. A partir de esa fecha se entra en la fase de negociación de enmiendas y nuevas propuestas que deben culminar en el proyecto de PGE, que debe ser aprobado en Cortes antes del 1 de enero. Si no es así, se prorrogan automáticamente los del año anterior, que a su vez también fueron prorrogados, por lo que la referencia seguiría estando en los de 2023.

La prórroga presupuestaria es un recurso extraordinario previsto en la Constitución con la finalidad permitir a los gobiernos (incluidos autonómicos y locales) mantener la prestación de los servicios públicos, aunque de forma limitada en tiempo y contenidos. Su condición de extraordinario choca, sin embargo, con la relativa frecuencia con que ha sido utilizada en el pasado, siempre por razones de interferencia del ciclo electoral, salvo en 1996, cuando en octubre del año anterior el Congreso rechazó el proyecto presentado por el Gobierno de turno. La última prórroga en el caso del Estado fue el pasado año, cuando el Gobierno renunció elaborar un proyecto de PGE para 2024 con la sorprendente excusa de la inestabilidad política provocada por el adelanto electoral en Cataluña, que curiosamente se justificó por el rechazo en el Parlament al proyecto de presupuestos del gobierno de Aragonés para 2024.

La prórroga tiene sus ventajas. La más importante es la de evitar el cierre de la administración pública y, por tanto, la parálisis del país. Los inconvenientes son de muy diversa naturaleza. Desde un punto de vista estrictamente político, se acrecientan cuando se produce en el tránsito de una legislatura a otra, debido a que el presupuesto prorrogado no recoge el cambio de sensibilidad en la composición del parlamento y que en caso de nueva prórroga llevarían a una situación de inestabilidad extrema, dado el delicado estado de los equilibrios parlamentarios.

Sobre el alcance de los inconvenientes de naturaleza financiera y normativa no existe consenso técnico ni académico, aunque el Gobierno ya se ocupó de anticiparse a los problemas regulando (Ley 11/2020, de 30 de diciembre) que sea el Consejo de Ministros quien establezca los criterios de prórroga, es decir, quien determine lo que se puede prorrogar. Algo que a los especialistas en el tema les suena a ir bastante más allá de la doctrina constitucional.