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Desde 1997 hasta hoy el número de universidades privadas en España ha pasado de 12 a 36. Mientras, no se ha abierto un solo campus público. En este tiempo, no ha variado prácticamente el número de estudiantes universitarios con lo que no se justifica ese incremento de centros que, además, cuenta con mayoría de informes negativos emitidos por la Conferencia General de Política Universitaria. Muchos de los nuevos centros privados ofrecen titulaciones innecesarias que no responden a avances científicos ni cubren necesidades profesionales específicas, como demanda la legislación actual. Además incumplen varios de los requisitos exigidos. Por ejemplo, la media de profesores doctores es de un 30% cuando los acuerdos de Bolonia exigen un 50% y ni siquiera desarrollan una mínima actividad investigadora: el 99% de la investigación en España se hace en los centros públicos.
Aquí, el PP y Moreno Bonilla han facilitado recientemente la llegada de la Universidad Pontificia de Comillas a través de la Escuela de Enfermería de Bormujos (Sevilla), propiedad de la orden de San Juan de Dios. Así ya son seis las universidades privadas en Andalucía. Mientras tanto, la Junta ha modificado los criterios de financiación de las universidades públicas creándoles graves problemas de funcionamiento.
¿A dónde nos lleva esto? A privatizar la universidad previo deterioro de lo público. Pongamos el ejemplo de medicina. En pleno debate por la falta de médicos, mientras se niega a las facultades públicas andaluzas la ampliación de la matrícula, existen en el estado doce universidades privadas donde se puede estudiar medicina… si las familias tienen el poder adquisitivo suficiente.
Con el PP y compañía volveremos a los tiempos donde estudiar “es cosa de ricos”.
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