Expropiación cívica

Una plaza, como un parque o una avenida, es lo que los juristas llamamos un foro público, es decir, un lugar de dominio público que, por su naturaleza, está al servicio de la libertad de tránsito y de ideas, sin que quepa restricción alguna que tenga fundamento en lo que las personas opinen, sean o de dónde procedan. La idea de foro público está en el corazón de la noción democrática de gobierno. La democracia no se expresa sólo a través del sufragio, sino que requiere un espacio público de ejercicio cotidiano. Lugares donde se escenifique la imagen de lo común. Ha sido la Corte Suprema norteamericana la que, sobre el common law británico, ha desarrollado para el derecho la teoría del public forum. No obstante, cualquier europeo, no digamos cualquier mediterráneo, es acreedor de una idea republicana del dominio público. Su estatuto de ciudadano es también su estatuto de paseante. La plaza nos iguala y nos dignifica en la diferencia. Nos integra. Es un método antiguo, una forma romanizada, de gestión de la diversidad.

El alcalde de Sevilla ha anunciado que cerrará la Plaza de España, estableciendo una tarifa de entrada para el turista que el vecino hispalense no pagaría. La Plaza de España, como se sabe, abre sus majestuosos brazos a un parque público. Es un espacio inmenso, concurrido según a qué horas y desordenado en su tránsito. Un lugar inherente a la memoria sentimental de cualquier vecino sevillano, como lo es la Plaza Mayor para el vecino de Salamanca o la Plaza del Comercio para el de Lisboa. Con la propuesta avanzada, la Plaza de España perderá su naturaleza cívica, será secularizada como foro público y convertida en fetiche. El empadronado en Sevilla formará la fila para hacer turismo, en un espacio de la ciudad que ya no es suyo, del que ya no es paseante. El sevillano que no vive en la ciudad pagará por ver la que fue su plaza y todo foráneo será reducido a mero turista, a consumidor. Para disimular la avidez mercantil se apela a la conservación del patrimonio, cuando en realidad nos encontramos ante la deliberada degradación cultural de dicho patrimonio y ante una expropiación del espacio público a los sevillanos. En definitiva, ante una humillación cívica, perpetrada en consonancia con políticas municipales que, desde hace años, desprecian el espacio público, mercadeado sin rubor ético o estético. En el control de entrada a la Plaza de España, en ese gesto de enseñar el DNI, se escenificará la traición definitiva de la clase política al nervio popular y a la enraizada tradición cívica de una ciudad, cuyos aires de Roma andaluza difícilmente sobreviven a los gestores de la mediocre era del apartamento turístico.