Fabra y Canal 9

ALBERTO Fabra, que llegó de rebote a la Presidencia del Gobierno regional por la dimisión de Camps y que desde entonces las tiene tiesas porque no maneja el partido, sufre las consecuencias del desprestigio que provoca el caso Gürtel en las autoridades valencianas del PP y además se ha visto obligado a unos recortes brutales porque no le salían las cuentas, acaba de toparse con el que probablemente es el escollo más relevante de su todavía corta carrera política: el cierre de Canal 9.

Un cierre que además de provocar auténtica conmoción en las tierras valencianas ha provocado también una preocupación importante en la propia Moncloa, pues tanto Rajoy como su entorno conocen sobradamente lo que supone para el PP el cierre de la televisión autonómica y también adivinan que de aquí a las próximas elecciones va a ser el proyectil con el que más eficazmente tirará el PSPV contra el PP.

A nadie gusta el cierre de un medio de comunicación, y menos aún a un periodista; si el sector vive una precariedad que ha dejado en la calle a miles de profesionales, el cierre de una televisión autonómica de la envergadura de Canal 9 es una noticia demoledora, en el aspecto profesional y en el personal. Pero dicho esto, se comprende la decisión tomada porque ante una crisis de la profundidad que estamos sufriendo, que ha obligado a recortes sociales hirientes, es inasumible respaldar el mantenimiento de una televisión cuya supervivencia obligaría a hacer aún más sacrificios sociales. Cosa distinta es si ha sido bien gestionada en los últimos años, que todo apunta a que no: la plantilla estaba sobrecargada, se había convertido en agencia de colocación de afines, y también en muchos casos la necesaria objetividad brillaba por su ausencia precisamente por su capacidad para contratar a personas afines al gobierno de turno. Ocurre en Valencia y ocurre en otras televisiones autonómicas con más o menos descaro.

En el caso de Canal 9 se pierde además una seña de identidad importante en una región con lengua propia, pero, aunque duela confesarlo, no estamos para derroches, sobre todo cuando es tan alto el déficit de prestaciones sociales. Sin embargo, es injusto que paguen los centenares de trabajadores que se quedan sin empleo, mientras no asumen nunca responsabilidades quienes ponen en marcha televisiones autonómicas y municipales absolutamente deficitarias para mayor honor y gloria de quienes las mantienen con fondos públicos y, a través de ellas, buscan caminos para enfrentarse con ventaja a unas elecciones. Por ejemplo.