Marco Antonio Velo
En la prematura muerte del jerezano Lucas Lorente (I)
La esquina
La única salida política digna a la tragedia de los dos guardias civiles asesinados por narcotraficantes en Barbate sería el cese del ministro del Interior. Por destitución o por dimisión. La destitución hay que descartarla. Basta con conocer mínimamente al único que podría decretarla –el presidente del Gobierno– para deducir que ni se lo plantea. Sería como asumir que se ha equivocado gravemente en la dirección de uno de los pilares del Estado. Demasiado para un ego tan superlativo. Encima se lo pide media España...
Quedaría, pues, la dimisión. El cese voluntario de Fernando Grande-Marlaska. Si la política española no estuviera tan viciada por la polarización y el cainismo, la marcha de Marlaska sería de cajón. Aunque fuera sólo a consecuencia de aplicarse la vieja máxima: ocurrió durante mi guardia. El asesinato de dos servidores del Estado en circunstancias especiales de indefensión y crueldad ocurrió, sí, con él como responsable de la seguridad de los ciudadanos.
Responsable político, pues, del desmantelamiento del mando especial de la Guardia Civil que más éxitos ha acumulado durante cinco años en la zona del Estrecho, de la precariedad operativa de la mayor parte de las patrulleras que combaten el narco con medios claramente insuficientes, de que los criminales campen a sus anchas como dicen en la Fiscalía Antidroga. A decir verdad, el ministro no es responsable de los factores sociales, culturales e históricos que explican este cáncer del Sur.
¿Por qué no se va Marlaska? Me lo he preguntado varias veces durante esta legislatura y la pasada. Cuando en la valla de Melilla murieron violentamente tres docenas de inmigrantes irregulares que intentaron con desesperación incorporarse al sueño español. Cuando se entregaron irregularmente menores de edad desde Ceuta a Marruecos. Todo esto, bajo su guardia en Interior. Cuando el Tribunal Supremo declaró ilegal esa entrega y también la destitución de un alto mando de la Guardia Civil que le había negado una información por imperativo legal. Cuando el Congreso de los Diputados, expresión suprema de la soberanía popular, acordó su reprobación.
No he hallado la respuesta. La más verosímil me parece ésta: la explicación de la terca negativa de Marlaska a abandonar el Ministerio del Interior y volver a la Judicatura tiene que ver con el poder que ostenta. Un líder nacional prometió un día que el poder no le cambiaría. Error. El poder siempre cambia a las personas. Y generalmente, para peor.
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