Pilar Cernuda

Toque de atención

Crónica personal

Europa nos echa pocas manos. Pero cuando lo hace, arregla entuertos que parecían insalvables

15 de julio 2022 - 01:36

Desde Bruselas se siguen con atención las peripecias políticas españolas, las iniciativas del Gobierno, el cumplimiento de los compromisos, los cambios en el partido que lidera la oposición, las polémicas del siempre sensible sector de agricultores, el cumplimiento de las cuentas… y los problemas judiciales. Fueron muchos cuando ETA trataba de revertir la democracia a golpe de pistolas y goma 2, con importantes flecos aún pendientes de cerrar, y lo son en los últimos años en relación con los independentistas catalanes que se fugaron de España para eludir la acción de la Justicia española. Y que buscaban el respaldo de los tribunales europeos.

El Abogado General de la UE ha comunicado a la Justicia de Bélgica que las decisiones del Supremo español no son cuestionables, y por tanto debe respetar la euroorden que obliga a entregar a los independentistas catalanes fugados, entre ellos Puigdemont. Coincide esta decisión con el toque de atención del Tribunal de Justicia Europeo a la situación que vive el CGPJ, en funciones desde hace tres años y medio.

PSOE y PP se acusan mutuamente de bloquear la renovación, y el Gobierno ha tomado una decisión polémica: levantar al CGPJ la prohibición de realizar nombramientos al encontrarse en funciones, de manera que pueda elegir a los dos nuevos miembros del Constitucional que le corresponden.

El Tribunal de la UE ha sido firme: no entra en la polémica de quién bloquea, simplemente ha trasladado al Gobierno la exigencia de renovar el CGPJ y que se proceda a la reforma que permita que sean los jueces quienes mayoritariamente elijan a los miembros del Consejo. Gran noticia. Porque Justicia Europea muestra firmeza ante una anomalía, un CGPJ se encuentre desde hace años atado de pies y manos para ejercer sus responsabilidades y, segundo, porque la falta de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios validaban la idea generalizada de la politización de las instituciones españoles.

A los miembros de las instituciones se les considera independientes, más allá de su ideología. Pero era y es evidente que ante situaciones de calado político se pronuncian siempre en función de los intereses de los partidos que les han propuesto. Aunque en estos tiempos de coalición era claro que el sector socialista del Gobierno se sentía más obligado a cumplir el compromiso con Podemos que a defender la necesidad de contar con un CGPJ en pleno funcionamiento.

Europa nos echa pocas manos. Pero cuando lo hace, arregla entuertos que parecían insalvables.

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