La crisis de la Agencia Tributaria

E L ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negó ayer que en la Agencia Tributaria, dependiente de él, se esté produciendo una "caza de brujas", tal como había denunciado el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, basándose en fuentes del propio organismo. Montoro ha explicado que los cambios registrados obedecen al relevo en la cúpula de la Agencia, cuyo nuevo director general, Santiago Menéndez, pretende rodearse de un equipo de confianza, como es habitual en estos procesos de cambio. De todos modos, el ministro ha confesado que muchos de los cargos que han sido sustituidos son afines al PSOE que discrepan de la política del actual Gobierno y dimiten por ello o bien cesan por la misma causa. Palabras que han encendido las luces rojas. A la dimisión del número tres en el organigrama de la Agencia, el jefe de la inspección, alegando "notables diferencias" con el director general, Santiago Menéndez, se han unido esta semana la destitución de los delegados especiales en Cantabria, Galicia y Asturias y la directora del servicio de planificación. Desde que tomó posesión, hace cinco meses, Menéndez ha relevado a nueve de los veinte miembros del comité de dirección de la Agencia Tributaria. El hecho de que los relevos hayan coincidido con diversos incidentes que han envuelto la actuación de la Agencia, como los informes tributarios de la infanta Cristina, el examen de las facturas del caso Nóos o la multa a una multinacional cementera que le costó el cargo a una inspectora, además de la instrucción del director acaparando para sí mismo el nombramiento de peritos solicitados por tribunales que entienden de casos de corrupción de altos cargos políticos, perfilan un escenario como mínimo inquietante. La Agencia Tributaria, que vela por el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los españoles, requiere, como pocos organismos, de una total independencia y profesionalidad. No puede estar sometido a los vaivenes de la política ni supeditar su actuación de servicio público al control de los políticos. La despolitización de la Agencia es condición imprescindible para el adecuado ejercicio de su importante función. La mera sospecha ciudadana de que no es así ya deteriora su prestigio y entorpece su acción. Las explicaciones del Ministerio han sido, hasta ahora, insuficientes. Montoro debe comparecer en el Congreso, en el formato que la Mesa de la Cámara estime más conveniente, para aclarar la situación de manera satisfactoria. Está en juego la credibilidad de una institución que vigila nada más y nada menos que el cobro de los impuestos en un país que sufre una presión fiscal considerable que el partido del Gobierno, además, había prometido moderar.