La democracia a examen

Pocos espejos pueden devolver la imagen de la realidad con tanta nitidez como el crimen". Sutherland.

Sin querer presentar ni siquiera atisbos con el infierno de Dante, lo cierto es que nuestra sociedad vive sacudida, rota, por casos de corrupción que ocupan diariamente la información: responsables políticos y altos funcionarios en los que se detectan auténticas actuaciones criminales en connivencia con la peor calaña de un capitalismo caníbal, actuando, unos y otros, invadidos por un afán desmedido de lucro, sólo comparable con el desprecio al dinero público. Unos órganos de control que no cumplen sus cometidos constitucionales o normativos, y para los que fueron creados; una administración de Justicia lenta y sin recursos para tan esenciales cometidos. Ninguna institución queda a salvo. Si a todo ello se suman generalizaciones deliberadas y exageraciones estimuladas por quienes combaten la democracia, la crisis institucional está servida, incluida la utilización de la mentira en sede parlamentaria o ante los medios de comunicación, sin sanción alguna. Son problemas que estamos viendo constantemente en el clima de tensión que vivimos.

Esto nos conduce a uno de los debates más apasionantes de la ciencia política actual y que nos sitúa en torno al valor de la democracia, su calidad o su excelencia. Nos preguntamos si responde a lo que los españoles nos dimos en el 78 y qué ha pasado para que la corrupción, como muestra inequívoca de un mal sistémico, se haya convertido en la segunda mayor preocupación de los españoles. Si aquel examen no se aprueba, el Preámbulo de nuestra Constitución será poco menos que un papel mojado. No se podrá garantizar la convivencia de los españoles dentro de la legalidad y, desde luego, no podremos hablar de un orden económico y social justo. No nos podremos llamar "una sociedad democrática avanzada".

Es un debate unido a la necesidad de controles, transparencia y confianza al que es imposible sustraerse pero, mientras eso ocurre, nuestras instituciones pierden prestigio y nuestros ciudadanos se alejan de la "cosa pública", de la que empiezan a no esperar nada. Vivimos una crisis de muy amplio espectro, pues junto a la económica se abren paso la social y, sobre todo, la política.

Es una crisis de Estado. Una crisis de cimentación. Y no olvidemos que los Estados se asientan sobre basamentos muy sólidos, de los que emanan sus instituciones. Instituciones como proyecciones del edificio democrático. De esta manera se crean y configuran múltiples espacios de convivencia. Son, en suma, las referencias vertebradoras del funcionamiento democrático. Si fallan, falla el sistema.

Y la corrupción ataca esa línea medular. La corrupción hace pedazos nuestro modelo de convivencia, sabiendo, como sabemos, que esta criminalidad no es sólo un problema de individuos carentes de ética, que lo es, sino un problema de sistemas.

Ha llegado la hora de realizar una auditoría de la calidad democrática de nuestras Instituciones, buscar mecanismos que nos permitan erradicar del modo más amplio la corrupción y de proponer reformas legales que vehiculicen esas pretensiones. No podemos olvidar que un Estado Social es tal en cuanto es capaz de actuar.

Es necesaria, y nada mejor que la sede parlamentaria para ello, la creación de una comisión que tenga por objeto analizar, acordar y proponer las medidas y modificaciones legislativas necesarias para fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la representación política, la democracia interna de los partidos políticos, la participación ciudadana, regular de manera exhaustiva los conceptos de intereses de los cargos públicos y electos, combatir y prevenir más eficazmente la corrupción y reforzar la imparcialidad y la independencia de los órganos constitucionales y organismos reguladores.

Se trata de que el Congreso sea el lugar desde donde puedan pilotarse las reformas del sistema parlamentario, el sistema electoral, la participación y el gobierno abierto, la lucha contra la corrupción, los propios estatutos que deben de regir el ejercicio de la política, los partidos políticos su transparencia y funcionamiento y una administración pública en general transparente y eficiente; en suma, todo lo que pueda ser fortalecer la democracia.

En la sesión plenaria del pasado día 15 de marzo, hemos creado ese instrumento con carácter permanente. Lo hicimos con el apoyo de toda la Cámara y con solo seis abstenciones; y eso en los tiempos que corren. Se demuestra que el consenso no es un fin en sí mismo, pero es un magnífico método de trabajo.

Estamos obligados a liderar esa demanda de cambio, creérnosla y buscar consensos, pues solamente así la política recuperará el terreno perdido y nuestro sistema político recuperará su fortaleza.

Recuperar, en suma, la pasión por la democracia entre la ciudadanía y, con ello, la credibilidad perdida ante la sociedad. Reformar nuestras leyes y nuestro funcionamiento para que la política recupere afectos y adhesiones. Reformar el funcionamiento de nuestras instituciones para que sean abiertas, participativas y transparentes, y devolver así la confianza a los ciudadanos en la democracia.

La creación de esta comisión es sólo el principio, pero es un buen principio.