La droga mal guardada

CASI al mismo tiempo que sonaban las doce campanadas anunciando el nuevo año, una banda de ladrones encapuchados accedían al edificio de Aduanas de Huelva, dependiente de la Agencia Tributaria, y se hicieron con más de treinta fardos de hachís -una tonelada en total-, procedente de decomisos practicados por el Servicio de Vigilancia Aduanera. El robo sólo fue posible por el hecho de que el edificio, ubicado junto al puerto onubense, carece de personal de vigilancia y dispone únicamente de cámaras de seguridad. El ministro del Interior, Jorge Fernández, ofreció ayer un detalle que hace aún más esperpéntico el suceso: se sospecha que los autores del robo son los mismos traficantes a los que se requisó el hachís, que habrían decidido recuperar la mercancía, ahora en manos del Estado. Desgraciadamente, no se trata de un suceso aislado. Desde 2008 se han registrado en Andalucía cinco robos de drogas en dependencias policiales y judiciales (en Sevilla, Málaga, Cádiz y ahora en Huelva), lo que ha significado la vuelta al mercado de la droga de casi 1.800 kilos de hachís, cocaína y heroína. Estos asaltos, que suponen una burla al Estado democrático y una humillación para las Fuerzas de Seguridad, deterioran la imagen de las instituciones y las sedes oficiales, precisamente los lugares que los ciudadanos estiman mejor guardados y más inmunes al delito. El Gobierno de la nación anunció hace varias semanas que iba a construir en Cádiz un horno para incinerar la droga incautada en esta comunidad autónoma, ya que actualmente estos alijos han de ser trasladados a Asturias y la demora con que suelen producirse estos traslados aumenta el peligro de que se produzca su robo. También es necesario, aparte de incrementar la seguridad de las instalaciones, estudiar la posibilidad de una reforma legal que obligue a los jueces instructores a ordenar en breve plazo la destrucción de la droga requisada, arbitrando procedimientos fiables para asegurar su carácter de prueba contra los presuntos narcotraficantes que estén siendo investigados. Es comprensible que se hagan chanzas sobre estos hechos, pero su gravedad es indudable. Más allá de que si se confirma la sospecha de Interior no debe ser difícil dar con los delincuentes que han robado mil kilos de hachís de la aduana onubense, se impone una revisión a fondos de la seguridad de todos los edificios oficiales en que se conserven los alijos, la agilización de la destrucción ordenada de los mismos y la delimitación de responsabilidades a que pudiera haber lugar por la relajación en el deber de custodia que corresponde a los jefes y funcionarios que llevan varios años fallando en su cometido.