La intermediación laboral (I)

EL método científico nos enseña que se puede llegar a una misma conclusión partiendo de diferentes hipótesis y metodologías. Sin embargo, ello no significa que se postulen las mismas recomendaciones en razón de las conclusiones alcanzadas. Recientemente, el Observatorio Económico de Andalucía (OEA) abogaba, con un cierto espíritu provocador, por "no seguir aplicando las políticas activas de empleo (PAE) de la Junta de Andalucía hasta que no se realicen evaluaciones externas e independientes sobre su eficacia, su eficiencia y sus impactos". La ausencia de realización de evaluaciones de las políticas públicas de empleo andaluzas o, si se realizan, el desconocimiento de sus resultados es desgraciadamente una casuística demasiado frecuente en el conjunto de las políticas públicas, y en el caso del SAE la coyuntura manifiestamente crítica de su situación incide aún más en la necesidad de evaluar desde la percepción de sus usuarios hasta el impacto en sus actuaciones. La falta de transferencia de los resultados de las políticas públicas implica un déficit democrático de los gobiernos ante la ciudadanía.

Quizás también en plan provocador, e indudablemente simplista, pueda exponerse que la ciudadanía andaluza no se daría cuenta si súbitamente el SAE dejara de existir, matizando esta cuestión con la aclaración del mantenimiento del servicio que el SEPE hace en el seno de las oficinas del SAE, esto es, desarrollar la competencia en materia de políticas pasivas de empleo o, en otras palabras, gestionar la prestación de desempleo. Que la gente en la calle llame a las oficinas de empleo como "oficinas del paro" no es baladí.

Una de las tres líneas de actuación de las políticas activas de empleo es la intermediación laboral, junto con la formación para el empleo y la promoción para el empleo. El hecho que las agencias regionales de empleo sólo intermedien en un porcentaje inferior al 3% en las contrataciones no deja de evidenciar su papel marginal en el ámbito de la intermediación laboral, sobre todo si se compara con las Empresas de Trabajo Temporal, cuya media ronda el 15%. Si a ello unimos desgraciadamente el descrédito provocado por la falta de control en el seguimiento los cursos de formación; la pérdida de competencias del SAE en beneficio de otros departamentos; retrasos en los pagos de las ayudas y subvenciones; la desmedida parsimonia del procedimiento administrativo excesivamente burocratizado; o la división técnicamente cuestionable e incoherente de separar por un lado al personal funcionario y en otra sede al antiguo personal laboral procedente de la Faffe, el resultado no puede ser otro sino plantear críticamente el papel que desempeña el SAE y qué pasaría si no existiera... Plantearse una política de transparencia mediante la realización y publicación de evaluaciones de sus programas parece, consecuentemente, más que urgente. De hecho, el propio SAE cuenta con profesionales de contrastada experiencia y competencia para realizar esos procesos evaluativos, pero precisamente a causa de la poca credibilidad de la institución es necesario que se trate de evaluaciones externas, y no sólo a nivel de sus programas, sino de la propia estructura y funcionalidad del SAE.

En este contexto crítico del servicio regional de empleo andaluz, surge un nuevo debate a propósito de la gestión del mercado del empleo y, en concreto, de la intermediación laboral que podrían implementar las organizaciones privadas (Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. BOE 31 de Diciembre de 2010). Nos estamos refiriendo a las denominadas agencias privadas de colocación, sobre todo porque Andalucía fue una de las tres CCAA, junto al País Vasco y Cataluña, que no suscribió en 2013 un acuerdo marco con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (el 25 de noviembre de 2013 se publicaron en BOE los 14 acuerdos marcos entre Estados y CCAA). La argumentación oficial es que esa era "una línea roja que no se podía traspasar", en el sentido de que se mercantilizaba el mercado de trabajo. Quizás cabría alinearse con esa ortodoxia ideológica si se apostara por del órgano que tiene las competencias en materia de intermediación, el SAE, un cambio radical institucional que no parece plausible a corto plazo -v. gr. en el borrador de la Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020. Estrategia para la Competitividad, que es teóricamente la hoja de ruta de la Junta de Andalucía en materia de empleo y economía para los próximos años, no se menciona ni una sola vez al Servicio Andaluz de Empleo-. La oportunidad de la colaboración público-privada es un desafío, y si se mantienen controles garantistas exigentes y una fiscalización regular adecuada de las agencias privadas de colocación, la argumentación ideológica se desmorona por sí misma.