Otras mordazas

Sumar y el PSOE han pactado una reforma del Código Penal para proteger –dicen– la libertad de expresión, suprimiendo los delitos contra los sentimientos religiosos, las injurias a España y sus símbolos, la Corona, el Ejército o el enaltecimiento del terrorismo. Yolanda Díaz anunció triunfalmente: “La ley mordaza va a ser derogada”. Pero desde la llamada “parte socialista del Gobierno” le han bajado los humos recordándole que el acuerdo solo afecta a los mencionados delitos y no supone la derogación de la ley mordaza que, por cierto, hace nueve años Sánchez prometió derogar en cuanto llegara al poder. Ya se sabe que cuando este hombre dice que no hará algo, lo hace; y que cuando dice que lo hará, no lo hace. “Eso no es mentir, es rectificar”, dijo en unas declaraciones memorables, comparando sus “rectificaciones” a las de Suárez sobre la legalización del PCE y Felipe González sobre la entrada en la OTAN. Por apuntar alto a momentos clave de nuestra historia –la transición y el primer gobierno socialista tras la dictadura– que no quede.

A la vez Sánchez anunciaba difusa y vagamente su propia ley mordaza partiendo de una personal interpretación del reglamento europeo de medios de comunicación. Según el presidente su plan es necesario porque hay “estudios que dicen que el 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas” y por la dificultad que encuentran los ciudadanos para distinguir “noticias verdaderas de las que no lo son”. Se ve que el presidente no tiene muy buena opinión de la inteligencia de los ciudadanos, lo que exige la intervención del poder político para enseñarles qué es la verdad y cuales son las noticias verdaderas.

Nada que objetar a la transparencia sobre la propiedad y financiación de los medios que recomienda la UE para defender las democracias de acciones externas rusas o chinas y sus apoyos eurófobos, pero no se comprende lo de establecer –cual Pilatos– qué es la verdad o limitar la financiación pública “para que no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores”, lo que, de aplicarse a la cultura y los medios públicos, empezando por TVE, generaría un apocalipsis. ¿Quién va a decidir desde el Gobierno –más allá de lo regulado por el Código Civil y el Penal– qué noticias son verdaderas y cuáles no lo son? “Cuida la libertad y la verdad se cuidará a sí misma, decía Richard Rorty”, recordaba Daniel Gascón en El País.