¿Presupuestos por la vía penal?

LA degradación institucional que está provocando esta legislatura inviable se acelera: el único fin es la permanencia en el poder impidiendo la alternancia, una deriva iliberal en la que se renuncia incluso a la legitimidad parlamentaria que tiene la investidura de Pedro Sánchez de noviembre de 2023. La mejor expresión de que iba en serio el anuncio ante el Comité Federal del PSOE del 7 de septiembre de 2024 de que su Ejecutivo avanzaría “con o sin el concurso del poder Legislativo” se produjo tres semanas después: el Gobierno incumplió el mandato imperativo de la Constitución en su artículo 134.3: debe presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de que finalice cada año. Tampoco lo hizo un año antes, pero al terminar septiembre de 2023, el Gobierno de Sánchez estaba en funciones y recién fallida la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Un año después, en cambio, tenía todas las facultades y dejó de hacerlo por una decisión arbitraria basada en su conveniencia política: no tenía –ni tiene– certeza de que la ley que expresa el programa económico del Gobierno se aprobase en las Cortes.

El lunes se cumplen seis meses del flagrante incumplimiento y la coyuntura política, con la necesidad imperiosa de aumentar el gasto en Defensa, lo enfatiza aún más. Lejos de justificarse, el Gobierno incide en el carácter doloso de su decisión de saltarse el mandato constitucional. El propio Sánchez se excusa en que no tiene apoyos y en que el mismo artículo de la Carta Magna prevé la prórroga automática de las cuentas estatales, aunque omite dolosamente que eso se produce si no se aprueba una ley que no se ha sustanciado ante el Congreso, a lo que se ha añadido la impresentable declaración de la portavoz del Ejecutivo este martes tras el Consejo de Ministros: Pilar Alegría miente al decir que hay que presentar unos Presupuestos acordados y que, como no lo están, no se hace para “no hacer perder el tiempo” al Parlamento y a los ciudadanos.

Lo que olvida el Gobierno, pensando que si el incumplimiento se eleva al Tribunal Constitucional la mayoría actual de la corte de garantías le protegerá, es que su decisión conculca el artículo 404 en relación con el 11 del Código Penal. ¿O acaso saltarse el mandato de presentar el Presupuesto en las Cortes no es prevaricar por omisión? Pero la degradación institucional es tal que ni la Fiscalía actúa ni siquiera la oposición de PP y Vox acuden a la vía penal para restaurar la legalidad y que Sánchez asuma que no puede gobernar y debe convocar elecciones.