Un señor de Cuenca y el PSOE de Andalucía

Un señor de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación de esta provincia manchega, fue el único socialista que se abstuvo el pasado martes en la votación de la Ejecutiva federal que refrendó el acuerdo entre el PSOE y ERC, y que a la postre supondrá la plena soberanía fiscal de Cataluña y el deterioro de la potestad equilibradora del Gobierno central. Ninguno de los socialistas andaluces que participan en la dirección, ni Montero ni Gómez de Celis ni Juan Espadas ni Juanfran Serrano ni Paco Salazar, plantearon objeciones a este pacto que supondrá la merma de la redistribución de la riqueza y que, en definitiva, privilegiará a una comunidad por la inconfesable razón de que es más rica que el resto. Todos ellos tienen muchos más argumentos que cualquiera de los lectores para rebatir esta penúltima concesión al independentismo, porque durante décadas se han entrenado para defender la supremacía de los ciudadanos sobre los territorios y la validez de las personas sobre las hectáreas. Ahora callan, y hablan Asturias, las Castillas, Madrid y un señor de Cuenca.

Pero el acuerdo que hoy deben refrendar las bases de ERC supera al PSOE de Andalucía, ya sabrá este partido si no está cometiendo el mismo error que la UCD y Alianza Popular con el referéndum de autonomía del 28 de febrero de 1980. El pacto excede al futuro de unas siglas, porque lo que entra en zona de riesgo es más grave, son las funciones del Gobierno central para dirigir la política económica del país y redistribuir su renta. Sin el País Vasco y Navarra, y sin Cataluña, el Gobierno dejará de recaudar y gestionar los impuestos estatales en territorios que aportan el 30% de la riqueza del país. España seguirá existiendo porque es granítica, pero será otra España, menos justa, más desigual y más débil ante futuros intentos de secesión.

Porque los habrá. Los más de cuarenta años de experiencia democrática aventuran que el cupo limosnero catalán irá menguando cada vez que uno de los dos grandes partidos, PSOE o PP, necesiten a los independentistas para gobernar, con el agravante de que la Generalitat tendrá a partir de ahora la ansiada soberanía fiscal que necesita para segregar a Cataluña de España.

Esto no es ningún paso hacia la federalización como ha presumido Pedro Sánchez, porque el Estado federal se asienta sobre una lealtad entre las partes que ni la graciosa concesión de la amnistía ha conseguido y porque el modelo fiscal hacia el que avanza es el confederal, una fórmula siempre llamada al fracaso.