La violencia no tiene género
A por uvas
La colmena
Se acuerdan del diputado Alberto Casero? Fue una tarde larga, frenética y tediosa de 2022. El representante del PP de Cáceres se equivocó votando en el Congreso y su error permitió al Gobierno sacar adelante la reforma laboral. Fue de infarto. Esa misma tarde, dos diputados de UPN decidieron sumarse al bando del no y la cosa quedó reñidísima: 175 diputados a favor y 174 diputados en contra. Casero votó telemáticamente desde su domicilio de Madrid porque sufría una gastroenteritis (eso dijo) y siempre aseguró que pulsó el “no” pero se registró un “sí”. A partir de ahí fue todo entre surrealista y rocambolesco. El que fuera alcalde de Trujillo, con varios procesos judiciales a sus espaldas, se acabó convirtiendo en víctima del sistema para unos y en símbolo de la torpeza y la irresponsabilidad para otros.
Elijan. Fue un error criticable, con consecuencias inesperadas, pero individual y puntual. Lo que acaba de ocurrir con la reforma legal que terminará beneficiando a presos de ETA pasará a las hemerotecas como una de las páginas más ignominiosas de sus señorías. No me refiero al fondo de la ley, la trasposición de una normativa europea que permitirá a los reclusos etarras descontarse los años de cárcel cumplidos en Francia, sino al intento de explicación con que el PP y Vox intentan digerir el “despiste”, el “error injustificable”, con que la reforma verá la luz. Han tirado de mayoría en el Senado para dar una patada hacia adelante al problema.
Desde Sumar los emplazan a “espabilar” y, desde el Gobierno, les recuerdan que han sido “todos”, no uno ni dos, los que han ratificado el proyecto de ley y lo han hecho en un proceso garantista en el que han tenido que votar hasta tres veces.
Los ponentes del PP y Vox, todos ellos juristas de prestigio, firmaron haber “estudiado con todo detenimiento” tanto la reforma como “las enmiendas presentadas”. Desde las asociaciones de víctimas se muestran perplejos por mucho que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, nos recuerde que hace trece años que se disolvió la banda terrorista y justifique la necesidad de asumir las directrices europeas.
ETA no es una página que hayamos podido pasar del todo. Duele. Sobre todo cuando tenemos que corroborar que nada queda de la bondad de ese “bipartidismo” que construyó la Transición y fue capaz de acordar grandes Pactos de Estado en cuestiones fundamentales de convivencia que nos afectaban a todos. Por encima de siglas y réditos partidistas. ¿Un error de toda la oposición? ¿Una reforma de tapadillo? Las dos posibilidades nos deberían indignar. Sus señorías, a por uvas.
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