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Reconozcamos de entrada dos cosas. Una, que el problema de la vivienda es uno de los más graves que padece la sociedad española, especialmente las clases medias y populares y, más aún, los jóvenes. Dos, que su solución no está en manos de un Ministerio de Vivienda con pocas competencias y escaso poder para influir en el mercado de la construcción e inmobiliario. Sólo puede venir de una política integral de todo un Gobierno –si me apuran, de todo el Estado–, con prioridades, recursos y plazos.
De modo que Isabel Rodríguez, la ex alcaldesa de Puertollano y ex portavoz del Gobierno, no es demasiado responsable del marasmo del sector ni del drama que supone para muchos miles de familias españolas. Lleva tan poco tiempo de ministra de Vivienda como para reprocharle nada. Salvo su incompetencia y su inacción. Su paso por el Ministerio está siendo incoloro, inodoro e insípido. La nada con sifón.
Analicemos el sifón. Esta semana ha tomados dos iniciativas perfectamente prescindibles. Por un lado, apeló, el martes en la SER, a la solidaridad de los caseros para que no suban los precios de los alquileres (“Lo que les pido es que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social (...) y que estos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles”), aun reconociendo que la mayor parte de las viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios, que se juegan su propia subsistencia. ¿Es una ministra o una activista humanitaria? ¿Política que toma medidas o guardiana de la ética ajena?
Por otro, la ministra Rodríguez ha amenazado con retirar los fondos del Estado para la política de vivienda a las comunidades autónomas que no apliquen la ley general que les faculta para controlar los precios y declarar zonas tensionadas en sus territorios. El problema, para la ministra, es que la ley les faculta, no les obliga. Son los gobiernos autonómicos los que deciden si usan esa facultad. Solamente la ha puesto en práctica Cataluña, con escaso resultado, por cierto. O no se ha leído la ley o no la ha comprendido, no sé qué es peor.
Esta metedura de pata viene condicionada por el hecho de que Isabel Rodríguez forma parte del grupo –numeroso– de ministros obsesionados con otra Isabel, Díaz Ayuso, que tantas veces los ha humillado en las urnas. En ella centró su intervención y la declaró insumisa a la Ley de Vivienda amenazando con retirarle los fondos que le corresponden. Pero esta vez no es insumisa.
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