Abengoa necesita una salida negociada e inclusiva

Editorial

Descabezada pero controlada desde una filial por un consejo destituido en la matriz, la situación es muy preocupante

22 de noviembre 2020 - 01:46

Abengoa ha vivido una de las semanas más convulsas de su pasado reciente. Por primera vez, el consejo de administración de una cotizada española ha sido destituido a instancias de accionistas minoritarios, pero éstos no pudieron tomar el control porque el presidente destituido, Gonzalo Urquijo, impidió que se contaran los votos que habrían elegido al consejo alternativo propuesto y que encabezaba Marcos de Quinto por un defecto de forma. Todo ello es fruto del rechazo que causa a gran parte de los propietarios la operación de rescate que se firmó en agosto y que no acaba de cerrarse porque la Junta de Andalucía se niega a dar una ayuda de 20 millones de forma arbitraria, dado que asegura que no cuenta con instrumentos jurídicos para concederla de forma legal. La empresa fundada en 1941 en Sevilla está descabezada, aunque Urquijo y los consejeros destituidos por los legítimos dueños siguen controlándola a través de la filial Abenewco 1, que encabezaría el grupo si se ejecuta el rescate planteado, que está impugnado judicialmente. A esa sociedad se ha trasladado la batalla por el control, que se librará en otra junta de accionistas el 22 de diciembre. La situación es muy preocupante. Abengoa merece ser rescatada entera, incluyendo a su matriz, que pronto cumpliría 80 años, sin llevar a ésta a la quiebra ni romper el grupo. Con esa operación no sólo salen perjudicados los accionistas, también proveedores a los que aún debe 153 millones, entre ellos empresas andaluzas. Además, falta transparencia: no se han formulado las cuentas de 2019, un grave incumplimiento para una cotizada, y no se conoce el contenido del informe de KPMG que ha puesto a la matriz en causa de disolución. Y la judicialización complica que la Junta ayude si obtiene garantías. Abengoa no puede caer y sólo se salvará en su conjunto negociando un acuerdo inclusivo que dé soluciones e implique sacrificios de todos los implicados: acreedores, proveedores con deuda vencida y accionistas. Andalucía se juega mucho.

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