Editorial
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Lo ocurrido ayer en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado fue una exhibición del poder territorial del PP, que gobierna en once de las 17 comunidades autónomas andaluza (12 si tenemos en cuenta su participación en el Ejecutivo canario). Cierto es que la convocatoria para tratar temas como la amnistía o la financiación autonómica tenía mucho de estrategia política de los populares, que tienen mayoría absoluta en el Senado, pero sería de ilusos –incluso de hipócritas– obviar que todas las formaciones políticas usan las instituciones en su favor cuando los números así se lo permiten. Por eso fue un error del Gobierno de España no mandar ningún tipo de representación a dicha sesión, aunque no fuese obligatorio. Hubiese bastado con la presencia de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. La cortesía institucional así lo indicaba, pero en España hace tiempo que estas nociones básicas se han perdido.
El que sí acudió para sorpresa de todos –empezando por el Gobierno– fue el presidente de la Generalitat, el independentista Pere Aragonès, aunque se limitó a dar su discurso y luego marcharse sin escuchar las razones de los demás. Otra imperdonable falta de cortesía institucional. En su discurso, Aragonès dejó una frase inquietante que debería hacer reflexionar al Gobierno: “La amnistía no es un punto final. Es el punto de partida de un destino: que la ciudadanía catalana vote en un referéndum, de forma acordada y reconocida”. De lo que se deduce que la amnistía no será para los soberanistas un destino de llegada, como algunos quieren hacer ver, sino más bien un estímulo para continuar en la senda de la desestabilización del país, esta vez vía referéndum. Es por eso de agradecer la claridad con la que habló el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: “Cataluña es cuestión de todos y a todos nos incumbe su futuro”.
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