Editorial
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El Gobierno ha iniciado una descentralización de sedes administrativas estatales, a resultas de la cual Sevilla ha sido elegida como la ciudad que albergará la Agencia Espacial Española, una institución adscrita a los ministerios de Ciencia y de Defensa. El mismo día, La Coruña resultaba la ganadora para ser la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, a la que aspiraba Granada. La alegría con la que Sevilla ha acogido el resultado del concurso es inversamente proporcional al disgusto de Granada, cuyos Ayuntamiento y Universidad sienten que se les ha maltratado. Hay un hecho mayúsculo que, sobre el papel, debía haber beneficiado a Granada sobre las otras competidoras, y es que su Universidad es la líder española en inteligencia artificial y la tercera de la Unión Europea en esta materia. Si se trata de ayudar a provincias con problemas socioeconómicos, Granada, por desgracia, también vencería a la provincia gallega. Aunque el Gobierno sustente estas decisiones en una comisión evaluadora, no cabe duda de que tiene discrecionalidad para ello; se trata, en último término, de una elección política, aunque se quiera revestir de tecnicismo. No obstante, hay que llamar la atención sobre el carácter administrativo de estas sedes, no se trata de centros que desplegarán inversiones a su alrededor ni parques industriales, son sedes del Gobierno de España. Sevilla complementará esta sede con la industria aeronáutica que se asienta en torno a la ciudad, pero no se puede comparar esta elección con la de la sede de una exposición universal. Para Granada, este revés no supondrá la pérdida de la excelencia que sus científicos se han ganado en torno a la inteligencia artificial, aunque la ciudad debería aprovechar esta situación de fiasco para lograr del Gobierno un compromiso material con el desarrollo de estas investigaciones y sus aplicaciones.
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