Discriminatorio para Andalucía

La propuesta del lehendakari Íñigo Urkullu para reinterpretar la Constitución sin modificarla, avanzar en el carácter “plurinacional” de España y desarrollar el autogobierno de País Vasco, Cataluña y Galicia tiene un componente de insolidaridad y agravio que lleva, de entrada, a un rechazo absoluto. Además, supondría la voladura del consenso constitucional sobre el modelo territorial, que, con sus muchos problemas, ha sido la base de nuestro sistema democrático. Pero visto desde Andalucía es, por si todo lo anterior no fuera suficiente, profundamente discriminatorio porque obvia que la región accedió a la autonomía, tras el referéndum del 28 de febrero de 1980, en las mismas condiciones que las llamadas comunidades históricas. Han sido numerosos los expertos constitucionalistas que consideran que la propuesta, que llevaría a un sistema confederal, no tiene cabida en la Constitución, como tampoco es posible sin violentar la “convención constitucional” que permitiría la ampliación de competencias. A nadie se le escapa que la aparición en escena del lehendakari se produce en plena subasta de exigencias nacionalistas abierta por la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. No se puede poner en cuestión el derecho de las autonomías a explorar vías para aumentar su autogobierno. Pero siempre que quede salvaguardado el marco que delimita la Constitución y que no se beneficie a unas comunidades sobre otras en base a títulos históricos –la promulgación de estatutos durante la República– que, casi medio siglo después de la llegada de la democracia, no tienen demasiado sentido. El llamado café para todos, que Urkullu desprecia en el artículo publicado en El País, es la base sobre la que se ha construido el Estado de las autonomías. Es pertinente plantearse una reforma para corregir sus evidentes deficiencias. Pero bajo criterios de solidaridad e igualdad y no, como pretende el lehendakari, creando discriminación y agravio.