Escalada de disparates

En un paso más de la escalada de disparates, trágalas y chantajes a la que el Gobierno es sometido por sus socios parlamentarios, Bildu ha impuesto a Pedro Sánchez una Ley de Memoria Democrática que, en la práctica, supone considerar que la dictadura franquista estuvo vigente en España hasta 1983, ocho años después de que Juan Carlos I asumiera el trono y cuando la Constitución llevaba cinco promulgada. El objetivo de los antiguos defensores de la banda terrorista ETA está claro: meter en el mismo paquete a las víctimas del franquismo y a los que sufrieron la llamada guerra sucia contra el terrorismo en los primeros años de la democracia, que incluiría incluso el primer periodo de Felipe González en la Presidencia del Gobierno. Es la lógica de los que nunca condenaron la violencia etarra y que ahora quieren hacer tabla rasa del horror que provocaron y del sufrimiento que provocaron durante décadas a todo un país. Lo que resulta indignante es que un Gobierno constitucional y del que forma parte un partido, como es el PSOE, sistémico y que fue decisivo en la construcción democrática de España, se preste a este juego sucio de los que nunca han respetado el más elemental derecho humano, que es el derecho a la vida. La situación se crea por una doble circunstancia: la de intentar hacer una legislación revisionista de la historia, lo que sólo lleva al revanchismo y a reabrir heridas, y la de la precariedad parlamentaria de un Gobierno obligado a buscar pactos que muchas veces terminan volviéndose en su contra. Cada vez que Pedro Sánchez cede ante Bildu aumenta el foso que lo separa de capas muy amplias de la población española. Harían bien los gurús de la Moncloa en medir qué influencia ha tenido este tipo de comportamientos en los resultados de las últimas elecciones andaluzas y en el corrimiento de votos que detectan todas las encuestas. El país padece demasiados problemas para tener que soportar, además, chantajes sin sentido.