Pecado original

Pedro Sánchez se va a subir hoy a la tribuna del Congreso para pronunciar su discurso de investidura en medio del mayor conflicto entre poderes del Estado que se recuerda en la democracia española. El Judicial entiende que los acuerdos suscritos por el PSOE con ERC y Junts constituyen un ataque sin precedentes a la división de funciones establecida en la Constitución. El conocimiento del texto de la ley de amnistía que se lleva a las Cortes no disipa, ni mucho menos, esos temores. Aunque mejor armado, desde el punto de vista de la técnica jurídica, que el patético documento acordado la semana pasada en Bruselas, el proyecto legislativo no puede ocultar su razón de ser: es el pago del precio impuesto por el separatismo para que el candidato a presidente del Gobierno consiga su objetivo. Las continuas apelaciones de la exposición de motivos a la constitucionalidad de la norma revelan ese pecado original del que no va a poder desprenderse por mucho que se quiera disfrazar. Los jueces consideran, con argumentos sobrados para ello, que el poder político se inmiscuye en sus decisiones y las cuestiona y que la Justicia queda supeditada a los intereses partidistas de los que buscan el poder y de los que persiguen la impunidad. Los pronunciamientos del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y las protestas de todas las asociaciones de jueces y fiscales son suficientemente elocuentes. En este ambiente, y con una tensión en la calle que está lejos de remitir, se inicia hoy un debate de investidura que anticipa un tono bronco y va a ser el prólogo de una legislatura especialmente complicada en la que vamos a asistir a una batalla judicial en torno a las concesiones a los separatistas catalanes. No sobra en esta situación hacer un llamamiento a la serenidad y confiar en que los mecanismos del Estado de derecho y el sistema de garantías constitucionales pondrán, al final, las cosas en su sitio.