Precipitación con la tercera dosis

El Gobierno de España confirmó el pasado viernes que a la población vacunada contra el Covid-19 se le administrará una tercera dosis, aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que fue quien hizo el anuncio, no concretó cuándo se inyectaría. La previsión del Ejecutivo central es que, de la mano de la Unión Europea, que ha firmado contratos con las farmacéuticas Pfizer y Moderna para los años 2022 y 2023, se reinicie el proceso de inmunización de la población que ya tiene la pauta completa con alguna de las cuatro vacunas que se inoculan actualmente en España: Astrazeneca, Janssen y las propias Pfizer y Moderna. Salvo la segunda, que es monodosis, todas las demás se administran con dos pinchazos separados por un periodo de varias semanas que varía en cada caso. A mediados de mes, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades suscribieron un documento conjunto en el que coinciden en afirmar que "es demasiado pronto para confirmar si será necesaria una dosis de refuerzo contra el Covid y cuándo lo sería". Precisamente, adoptar esta postura perseguía moderar el debate alentado por las propias empresas productoras sobre la necesidad de volver a inmunizar un año después de la primera dosis o incluso cada año. La réplica de los organismos competentes europeos se basa en criterios científicos y en que los ensayos demuestran que la mayoría de los vacunados no necesitarían esa dosis adicional, aunque admiten que quizás sí sea adecuada para la población vulnerable. Adelantar por tanto que habrá la llamada tercera dosis es, como mínimo, precipitado, por parte de un Gobierno que ha pecado de imprevisión e improvisación en la gestión de la pandemia. Lo deseable, y prudente, habría sido esperar a que se llegue a un consenso científico, que hoy no existe, y a que al menos la EMA recomiende esa dosis de refuerzo. Lo demás es contribuir a especular y sólo favorece a los intereses de la industria farmacéutica.