Seguridad en el Campo de Gibraltar

El asesinato el pasado 25 de enero en Algeciras de Diego Valencia, sacristán de la iglesia de La Palma, a manos de un individuo a quien la Audiencia Nacional considera como un presunto terrorista yihadista adoctrinado a distancia, fue el primer atentado cometido en España contra la Iglesia católica por radicales islamistas. Sorprende la poca atención que el Gobierno ha prestado a un hecho objetivamente grave. Las comparecencias de esta semana en el Congreso y el Senado, respectivamente, del presidente del Ejecutivo y del ministro del Interior, han dejado muchas interrogantes en el aire, especialmente en relación al refuerzo de la seguridad en el Campo de Gibraltar, una comarca estratégica a nivel logístico que afronta, en primera línea, además, la lucha contra las mafias dedicadas al narcotráfico, el contrabando de tabaco o la inmigración ilegal. El Gobierno debe dar aún explicaciones a por qué no se había tramitado la orden de expulsión a Marruecos del asesino, Yassine Kanjaa, y a por qué ha descartado la declaración del territorio más al sur de Europa como zona de especial singularidad, lo que permitiría incentivar a los miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y Aduanas para evitar su excesiva rotación en sus puestos de trabajo. También está pendiente una mejora de la justicia. Los juzgados están saturados y son varias las macrocausas pendientes de enjuiciarse. Si no se crean más oficinas judiciales y se eleva de categoría a los jueces y fiscales del Campo de Gibraltar -actualmente están en el nivel cuarto, cuando sus colegas de Albacete, Hospitalet o San Cristóbal de La Laguna, por ejemplo, están en el tercero- la eficacia policial seguirá topándose con el cuello de botella judicial. Son muchos los elementos que pueden quebrar la convivencia pacífica de los ciudadanos del Campo de Gibraltar. Toca actuar y revisar el Plan Especial de Seguridad que data de 2018 y que ha quedado desfasado.