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Una fotografía en blanco y negro daba cuenta hace ahora 30 años del inicio de una enorme tragedia que se extiende hasta nuestros días. La imagen ya icónica captó con crudeza y una sensibilidad exquisita a la vez el cadáver de un joven marroquí tendido sobre la arena en la playa de Los Lances, en Tarifa. A unos metros de él, reposaba en la orilla la patera abandonada en la que junto con otras 22 personas había tratado de llegar a España tras cruzar durante varias horas el Estrecho de Gibraltar. Ildefonso Sena, redactor en la zona de Diario de Cádiz, fue el autor de aquella foto y el intérprete del que se sirvió la Guardia Civil para conocer el relato que ofrecieron sobre lo sucedido los cuatro únicos supervivientes. El recuento de muertos y desaparecidos en esas aguas se aproxima hoy a las 7.000 personas, una cifra que es consecuencia directa del drama que padecen millones de personas del continente africano que se ven obligadas a dejar atrás sus familias, sus hogares y sus tierras a causa de las guerras, las hambrunas y las epidemias que se suceden ante la pasividad de algunos sectores de los países desarrollados.
El princicipal motor, aunque no el único, de la inmigración es la huida en busca de la simple supervivencia en lugares en los que, como España, se sabe que hay mejores condiciones de vida materiales y de derechos ciudadanos. El problema exige una actuación mucho más decidida por parte de la Unión Europea en los países de origen de los migrantes, con un aumento de la inversión directa -ojo, no gasto- en cooperación internacional, con un mejor y mayor control de las actuaciones que se llevan a cabo y poniendo coto a los desmanes de regímenes dictatoriales y corruptos. Simultáneamente, es preciso apoyar con más decisión a Andalucía como frontera marítima sur. De ello da fe, por ejemplo, la situación de desamparo de los centenares de menores extranjeros no acompañados que deambulan por las calles a causa de la falta de recursos de los gobiernos autonómicos.
Todo ello es compatible con un necesario refuerzo en el control de las fronteras exteriores de la UE para que su seguridad no se vea comprometida tal cual ha sucedido en diversas ocasiones a raíz de los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas que merecen también un tratamiento específico, aunque ni los muros ni la mano dura contra la inmigración por la que apuestan algunos sectores políticos sirven por sí solos para contener a quien huye en busca de una vida mejor.
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