Andalucía frente a la desigualdad

Cataluña ha ejecutado el denominado hecho equivalente por el que se activa el reloj institucional para repetir elecciones sin ni siquiera celebrar una sesión de investidura. Quedan algo menos de dos meses para ver si es viable un acuerdo que evite volver a las urnas el próximo 13 de octubre. Y la primera cuestión que determina las posibilidades de un pacto es la financiación autonómica para esa comunidad. Los independentistas quieren un modelo que les equipare al fuero que la Constitución respeta para el País Vasco y Navarra, territorios donde se recauda el total de impuestos y posteriormente se liquida con el Estado. El PSOE y el PSC parecen dispuestos a un modelo que permita compaginar un trato singular para Cataluña y la financiación del resto de autonomías del régimen general. Reiteramos que la concesión de un trato financiero y fiscal de privilegio para Cataluña supondría un nuevo agravio. Como hoy publicamos, ambas fórmulas perjudicarían claramente a Andalucía, una de las comunidades peor financiadas y con déficits estructurales más acusados. Si Cataluña es una de las comunidades que más impuestos aporta al Estado –es la segunda, tras Madrid– es porque en sus cuatro provincias viven españoles con mayor renta que los que lo hacen, sin ir más lejos, en las ocho andaluzas. Tributan las personas y no los territorios. La sociedad andaluza en su conjunto debería oponerse con firmeza a un nuevo agravio como éste, que sólo perpetuaría la histórica desigualdad económica norte-sur. La voluntad política de los andaluces fue crucial para definir un Estado autonómico igualitario gracias al resultado del 28-F. No defender lo conseguido con un elemento tan esencial en el autogobierno como la financiación sería retroceder en esa histórica conquista del pueblo andaluz.