Canarias no puede más

El Gobierno de Canarias ha sorprendido a todos con su anuncio de que estudia vías judiciales, incluso penales, para evitar que toda la responsabilidad en la custodia y cuidado de los inmigrantes menores no acompañados que están llegando este verano a sus costas recaiga en exclusiva sobre sus hombros. La masiva llegada de cayucos en los meses de verano ha desbordado todas las capacidades de la administración autonómica del archipiélago y de las ONG que colaboran con ella. Más de 6.200 de estos inmigrantes han recalado en Canarias solo en los meses de julio y agosto, de los cuales unos 3.200 no han cumplido los 18 años de edad. La legislación vigente establece que la competencia en lo que a menores se refiere corresponde a los gobiernos autónomos, por lo que no parece que haya dudas de que, en rigor, es la autonomía canaria la que tiene que ocuparse de la custodia de los menas. Pero el Ejecutivo del archipiélago apela a una interpretación discutible de la Ley de Extranjería para defender que es a la Administración central a la que le corresponde atender a estos menores. Más allá de estos debates jurídicos, lo que es evidente es que el archipiélago canario está dando muestras desde hace tiempo de un agotamiento de sus recursos para atender la crisis migratoria de este verano, que lejos de remitir parece que irá a más en los próximos días. Por tanto, resulta ocioso, cuando no interesado, entrar en debates jurídicos que serían lógicos en una situación de normalidad, pero no en una emergencia como la que vivimos. Canarias no puede más y la obligación del Gobierno central y del conjunto de la nación, incluyendo el resto de las comunidades autónomas, es la de acudir en su ayuda. No es una cuestión de solidaridad, sino de lógico funcionamiento de un país que se presenta como tal ante la comunidad de las naciones. Abandonar a Canarias a su suerte sería como reconocer que España es un Estado fallido, como desean algunos.