Chantaje y sentido de Estado

La cuestión migratoria es un asunto de Estado y por lo tanto se rige por normas en las que no caben las miserias de las luchas cotidianas de los partidos ni los desafíos territoriales a la búsqueda de privilegios. Así lo ha entendido el PP que, a través de sus comunidades autónomas, llegó el miércoles en Tenerife a un acuerdo con el Gobierno central para repartir por las diferentes autonomías a menores migrantes que han desbordado los recursos asistenciales de Canarias. En este caso, el principal partido de la oposición se ha comportado como lo que es: una formación sistémica que antepone los intereses generales a los particulares y que no olvida que la solidaridad, entre las personas y entre los territorios, es uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia. Pero esta actuación, en la crispada y tensionada política española, no sale gratis. Vox, que tiene en la inmigración una de las cuestiones sobre las que construye cada día su demagogia populista, ha decidido romper los cinco gobiernos autonómicos en los que participaba junto con el PP, lo que abre una fase de inestabilidad política cuyas consecuencias se verán en los próximos meses. El partido de Abascal ha planteado este chantaje innoble entre otras razones porque su presencia en esas instituciones no le estaba rentando desde el punto de vista electoral. Los ultras viven mejor echados al monte. El PP, por su parte, se desembaraza del dogal que le suponía la excesiva cercanía a Vox y se sitúa como una formación más centrada, lo que no le viene mal. El acuerdo sobre menores migrantes, muy limitado en su alcance y que habrá que seguir desarrollando, significa que el sentido de Estado se ha impuesto a los discursos maximalistas y falsos. Hay que anotar en este mismo sentido que Cataluña ha sido la única comunidad que no ha respaldado el acuerdo, lo que da una idea clara de cómo entiende la solidaridad un Gobierno en manos de un socio estratégico de Pedro Sánchez.