Editorial
La añoranza del consenso
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En pocos asuntos como en la aplicación de la Dependencia en Andalucía los números son suficientes para demostrar la magnitud del problema. Casi 30.000 andaluces se encuentran en la lista de espera para conseguir una valoración inicial, según los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales. Con la complejidad que requiere avanzar en el sistema actual, los técnicos del Gobierno andaluz sólo son capaces de resolver al día 1,8 casos. Pero, además, suman más de 25.000 los ciudadanos de la región que, una vez que se les ha reconocido el grado, aguardan ahora a que se les apruebe el plan individual de atención al que tienen derecho. Y en este apartado, hay que destacar la reducción más que significativa este último año de las colas: un 41% menos. Ante esta realidad, no debe extrañar a nadie que en el mes de agosto fallecieran en la comunidad 2.781 personas que aguardaban a beneficiarse de la ley. Pero estas cifras tampoco pueden normalizarse. Las tensiones en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía son más que evidentes. En las últimas semanas han dimitido las jefas de Valoración de Sevilla, Córdoba y Granada. La propia consejera Loles López asume la dificultad del reto. Pero sólo hay dos alternativas posibles, o dedicar más esfuerzo en personal o mejorar y agilizar los sistemas digitales. En este sentido, hay que respaldar su intento de simplificar el proceso de evaluación para conseguir que cada funcionario resuelva, al menos, en esta fase inicial tres expedientes durante su jornada. La consejera teme que los cambios muevan “un avispero” en el seno de la Administración. Lógicamente cualquier medida debe estar previamente bien estudiada. Las urgencias casan mal con la improvisación. Pero es evidente que un problema de la envergadura de la Dependencia abochorna y exige actuar porque aquí sí que el tiempo apremia.
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