Editorial
La añoranza del consenso
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La Junta ha anticipado al próximo lunes la entrada en vigor del Protocolo General de Actuación en los centros educativos andaluces ante el calor. Una norma de 2017 que se actualiza. En este sentido, la Consejería de Educación anuncia para el 15 de mayo una jornada telemática intensiva para formar a los docentes ante los distintos escenarios que puedan producirse hasta la finalización del curso. Una medida acertada pero no exenta de controversia. La instrucción permite la posibilidad de acortar las horas de clase y propiciar la salida al mediodía cuando Meteorología declare alguna alerta naranja o roja. La decisión queda en manos de la dirección de los colegios y requiere también la aprobación de los padres, abocados a conciliar su trabajo con la recogida de los menores antes de su horario habitual. Soluciones que se convierten en parches y que no afrontan el problema de fondo. Las altas temperaturas ya no se circunscriben únicamente a los meses de verano. También es difícil sostener que las provincias con alta incidencia son sólo Sevilla, Córdoba y Jaén. Desde hace seis años, Educación afronta planes de choque de climatización en los centros educativos. En julio de 2022 se publicitó un "pionero" plan de bioclimatización y energías renovables para 430 escuelas públicas, un 10% de las aproximadas 4.500 con que cuenta la comunidad. Una actuación dotada con 140 millones de fondos europeos. Dos años antes, el Parlamento también aprobó una ley con el mismo nombre. El texto legal proclamaba que no se podría impartir docencia cuando las temperaturas superasen los 27 grados. Pero la realidad refleja que hay padres en Andalucía que optan por costearse los toldos para facilitar zonas de sombra a sus hijos e incluso denuncian que los edificios no cuentan con un sistema eléctrico adecuado para soportar el uso de ventiladores. Los esfuerzos de la Administración para revertir la dinámica son todavía insuficientes.
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