Criterios para el pacto

Los recientes acercamientos del PP a Junts, entre otros asuntos para tumbar el impuesto a las energéticas, vuelven a poner de relieve la extremada complejidad de la política española. Guste o no, los dos grandes partidos sistémicos están condenados a pactar recurrentemente con los nacionalistas para desarrollar sus estrategias, sean estas de Gobierno o de oposición. Hasta el procés catalán esto no había supuesto mayores tensiones. Tanto el PSOE como el PP recurrieron a los nacionalistas vascos y catalanes para gobernar cuando no tenían mayoría absoluta. Pero con el paso de los años se han observado dos cuestiones. La primera es que los nacionalistas han aprovechado esta necesidad para ir socavando poco a poco el papel del Estado en sus territorios, desarrollando políticas que rozaban la deslealtad institucional. La segunda es que estos partidos identitarios, especialmente en Cataluña, lejos de perder fuelle independentista lo han alimentado hasta llegar a poner en peligro la propia soberanía nacional, como ocurrió en el procés. Aun así vemos como al Gobierno de la nación no le tiembla el pulso para negociar con un prófugo de la justicia, como es Puigdemont, cuestiones esenciales que afectan a la estructura del sistema. O que el PP, que tanto ha criticado –y con razón– esta actitud, se acerca ahora a Junts con el pretexto de que es su obligación sacar adelante su programa electoral. Evidentemente no es lo mismo pactar un cupo fiscal como el catalán (que hace saltar las costuras constitucionales) que un impuesto concreto, pero sería conveniente que los dos partidos sobre los que descansa la estabilidad institucional de España fijasen unos criterios claros de cuándo el pacto es lícito y cuándo no. De lo contrario, el nacionalismo seguirá aprovechando la debilidad para socavar aún más el Estado español.