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El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, tiene una mayoría absoluta que le da un enorme margen de maniobra. Mucho más amplio que el que tienen otros líderes regionales de su partido o, incluso, del que puede ejercer en ocasiones el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, condicionado por la permanente agitación política que se vive en Madrid. Moreno puede permitirse el lujo de actuar con criterio propio y hacer alarde de independencia. Ha sucedido esta semana con el siempre controvertido tema de la inmigración. El presidente andaluz le ha dejado claro a Vox que no lo va a acompañar “en la cacería del inmigrante” que ha puesto en marcha, en línea con otros partidos europeos de la derecha radical, y de paso se ha desmarcado, sin citarlas, de las afirmaciones de Núñez Feijóo de que la inmigración ilegal compromete el derecho de los españoles de “salir tranquilamente a la calle”. La postura de Moreno es plenamente coherente con el talante moderado y centrista que ejerce al frente de la Junta. Es, además, lógica en el presidente de una comunidad, como es Andalucía, cuyos habitantes conocen bien el desgarro de la emigración forzada. El propio Juanma Moreno es nacido en Cataluña e hijo de emigrantes andaluces. La actitud del presidente es ante todo humanitaria y solidaria y así hay que entenderla. Pero también lanza un importante mensaje político: la inmigración no puede ser un argumento de radicalización y de crispación social. Pero es un fenómeno que comporta riesgos y que debe ser tratado con medidas de control y de planificación. Nuestras fronteras no se pueden convertir en un coladero indiscriminado, como no lo son las de ningún país civilizado, pero no se puede tratar como delincuentes a personas que huyen de la miseria o de la guerra.
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