¿Y después del estado de alarma qué?

Todo indica que el Gobierno de la nación no intentará extender el estado de alarma más allá del 9 de mayo, la fecha en la que acaba la prórroga de seis meses aprobada el pasado noviembre por el Parlamento. Entre otras cosas porque el actual estado de crispación política haría muy difícil, si no imposible, que el Congreso de los Diputados vuelva a darle carta blanca al Ejecutivo para que disfrute de las importantes atribuciones que le da el estado de alarma. Además, no han sido pocas las voces de juristas que han dudado de la higiene constitucional de una prórroga demasiado larga y con la que el Gobierno ha evitado el control del Parlamento en su manejo de la excepcionalidad. No habrá, pues, más meses de estado de alarma, lo que no significa ni mucho menos que volvamos a la más absoluta normalidad. Como se ha informado en este periódico, lo único que cambiará con respecto a la actualidad es la desaparición del toque de queda, que afecta claramente a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El resto: aforos públicos y privados, obligatoriedad de mascarillas, confinamientos perimetrales, etcétera pueden ser regulados por la legislación vigente sin tener que recurrir a herramientas de excepcionalidad constitucional. Aparte, está el debate de si tanto el Ejecutivo como el Legislativo han dejado pasar estos seis meses sin aprovecharlos para poner al día una legislación que, a la vista está, está muy desfasada para afrontar problemas como las pandemias, que desgraciadamente serán una amenaza constante a partir de ahora. Sea como sea, todos debemos ser muy conscientes de que el final del estado de alarma no significa ni mucho menos la derrota del coronavirus, que sigue y seguirá amenazando la salud y la economía de los ciudadanos. Una vez más será importante que tanto las comunidades autónomas -que ahora darán un paso más en la primera línea de la lucha contra el virus- como los ciudadanos en general extremen la responsabilidad.