Una dudosa mordaza al Parlamento

Por primera vez en su historia, tres grupos del Parlamento andaluz han hecho valer el artículo del reglamento interno que impide el pronunciamiento político de éste si el asunto que se aborde es competencia exclusiva de otra administración, ya sea la municipal o la estatal. Se trata del artículo 171. En esta ocasión, los grupos de la izquierda, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, han invocado este veto inédito para no abordar en la Cámara la reforma de la ley del sólo sí es sí. Sólo si dos tercios de la Cámara o tres grupos parlamentarios lo piden, se puede sortear esta norma que, en principio, está pensada para no dispersar los debates de la Cámara, aunque en realidad su objetivo es menos confesable. Se trataba de impedir que, desde el Parlamento andaluz, se hiciese oposición al Gobierno central, bajo el argumento de que este tipo de declaraciones no estaban, directamente, relacionadas con la Junta de Andalucía. El ejemplo de la ley del sólo sí es sí es palmario. Para los socialistas andaluces, así como para Por Andalucía, resulta incómodo que la Cámara autonómica replique el debate sobre una ley que ha tenido como resultado la revisión de medio millar de condenas por agresiones sexuales. Entendemos que un artículo de un reglamento interno no puede coartar la libertad de discusión y posicionamiento de un Parlamento autonómico como el andaluz, pero es que, en este caso, la aplicación del artículo 171 parece errónea, porque instituciones autonómicas, como el Instituto Andaluz de la Mujer, están afectadas por los efectos colaterales de la ley. Es del mismo modo rechazable que una minoría pueda imponer un veto a una mayoría, lo que se consigue gracias a que el reglamento eleva hasta los dos tercios el requisito para pronunciarse sobre asuntos que son competencias de otras instituciones. Lo que revela es el temor de quienes lo redactaron a que, desde la Cámara, se pudieran acordar pronunciamientos sobre el Gobierno central o sobre los ayuntamientos.