Un Gobierno dividido

Editorial

El Gobierno ha tenido que rectificar y rescindir el contrato suscrito con una empresa israelí, IMI System, a la que iba a comprar balas por valor de 6,6 millones de euros para la Guardia Civil. Ha sido la presión de Sumar y, en especial, de Izquierda Unida la que ha forzado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a desautorizar a su ministro de Interior, Fernando Grande- Marlaska, quien activó el contrato durante la Semana Santa con la intención de que pasase desapercibido frente a sus socios de coalición. Esto se saldará con un perjuicio económico para el país, como había advertido la Abogacía del Estado, porque la empresa querrá resarcirse de la interrupción de su venta, y con una erosión de su credibilidad. Aunque el presidente del Gobierno había anunciado en el Congreso que, desde el 7 de octubre de 2023, inicio de la guerra de Gaza, el Ejecutivo no tenía relaciones armamentísticas con Israel y con empresas hebreas, lo cierto es que no hay ningún veto sobre el papel a la compra de munición. No es más que un compromiso político de su coalición. A diferencia de la venta de armas, que debe pasar el filtro de una comisión interministerial que preside Comercio, la adquisición sólo está regulada por la ley de contratos del Estado. Más allá de las consideraciones sobre el conflicto palestino-israelí, no es lo mismo proporcionar armamento a un país para proseguir una guerra que comprar balas para el funcionamiento de la Guardia Civil. Este caso añade mayor gravedad a la falta de transparencia del Gobierno a su nueva política de aumento del gasto militar. Se trata de un plan que no pasará por el Congreso para su aprobación y que ni siquiera ha sido validado como tal por el Consejo de Ministros ya que, simplemente, se ha dado por enterado de que se envía a Bruselas y a la OTAN. Si con esta maniobra sorteó la oposición de unos socios, el caso de las balas le ha obligado a una rectificación que viene acompañada del descrédito.

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