Editorial
La añoranza del consenso
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El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tiene cuatro vicepresidentas en la teoría y un quinto en la práctica, más importante incluso que las cuatro oficialmente nombradas. El poder que el presidente ha puesto en las manos de Félix Bolaños al sumar las carteras de Presidencia y Justicia lo convierten, más allá de denominaciones formales, en el hombre fuerte del Gobierno. El objetivo está meridianamente claro: desde ese puesto se van a controlar los dos grandes retos políticos de la legislatura. El primero, embridar el profundo conflicto abierto con el Poder Judicial por las concesiones que se han hecho en los acuerdos de investidura, con la amnistía y el lawfare (la instrumentalización de la justicia para fines políticos) como principales puntos de fricción. El segundo, blindar el cumplimiento de esos pactos y plegarse a las exigencias de los separatistas catalanes y vascos para garantizar la estabilidad de un Gobierno que nace con una debilidad que será tu talón de Aquiles durante los próximos cuatro años. El reforzamiento de la posición de Bolaños trasluce el que es el principal y casi exclusivo objetivo de Sánchez: mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, pagando para ello el peaje que se le imponga. Esa fue la línea de actuación seguida durante la larga negociación de la investidura y va a ser también la que guíe el día a día del Ejecutivo. Tanto el conflicto con la Justicia, que no tiene precedentes de la misma gravedad en las más de cuatro décadas de vigencia de la Constitución, como el desarrollo de los pactos de investidura son un reflejo del deterioro institucional al que ha sido sometido el sistema democrático español. El PSOE ha tejido una mayoría suficiente y legítima en el Congreso para abordar ambos retos. Pero ello no impide que se cause un daño a los pilares de edificio político que ha salvaguardado la convivencia entre los españoles. La misión de Bolaños no parece ser garantizar esa convivencia, sino mantener el poder para su jefe.
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